El Ministerio de Justicia (Minjus), a través del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), adjudicó un contrato de 192 millones de soles para la ampliación y modernización del penal de Arequipa a un consorcio conformado por empresas que tienen antecedentes de haber sido sancionadas.
Según Cuarto Poder, se trata del Consorcio Infra Penal Arequipa, beneficiario del proyecto, el cual no figuraba formalmente ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) cuando fue convocado y solo se inscribió institucionalmente el mismo día en que fue declarado ganador.
Además, la dirección consignada como domicilio del consorcio no presenta actividad y, en el lugar consignado, no existe alguna oficina operativa ni representantes que atiendan, según constató el dominical, indicó el reportaje.
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La obra tiene como objetivo reducir el hacinamiento del penal ampliando su capacidad a 1,600 internos y pasó de un presupuesto inicial de 65 millones en 2011 a quintuplicarse en enero de este año
Cabe precisar que, en octubre de 2025, el entonces presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, anunció públicamente que ya “se había dado un ganador” para la obra de ampliación de dos penales en Arequipa, pese a que el proceso aún no aparecía registrado formalmente en el sistema y las reglas de la competencia no se habían hecho públicas. Dos meses después, en diciembre, se oficializa al ganador.
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Según el reportaje, este consorcio está conformado por Ahren Contratistas Generales SAC, Supervisa y Construye M&G SAC y Constructora M&J SAC, empresas con antecedentes de inhabilitaciones temporales.
Ahren Contratistas Generales SAC recibió una primera inhabilitación por 40 meses, que concluyó en julio de 2024. Pocos meses después de recuperar la capacidad de contratar con el Estado, volvió a ser sancionada, esta vez por cuatro meses adicionales.
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Constructora MJ SAC fue inhabilitada por 37 meses, sanción que culminó apenas dos meses antes de que se le adjudicara este contrato millonario. Pese a ello, la empresa volvió a aparecer sancionada recientemente por otro proyecto, con una nueva inhabilitación de tres meses por incumplir las reglas del Estado.
La abogada especialista en contrataciones públicas, Cecilia Ruiz, consideró el caso de extrema gravedad, indicando que las empresas esperaron el fin de sus sanciones para volver a contratar con el Estado.
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“Mentirle al Estado, declarar una información falsa para su Estado es lo más grave. Y es por eso que las sanciones son las más graves”, señaló.
El consorcio está conformado por empresas que tienen antecedentes de inhabilitaciones temporales. Fuente: Cuarto Poder.
