
La Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia declaró inadmisible la solicitud de indulto común presentada por el expresidente Pedro Castillo, según informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) mediante un comunicado oficial.
La decisión fue adoptada durante la sesión ordinaria realizada el 10 de junio, en la que la comisión evaluó las solicitudes presentadas por el exmandatario, actualmente recluido en el penal de Barbadillo tras su condena por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
De acuerdo con el Minjusdh, el pedido de indulto común fue declarado inadmisible debido a que no cumplía con los requisitos de admisibilidad establecidos en la normativa aplicable.
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La Comisión de Gracias Presidenciales es el órgano encargado de evaluar las solicitudes de indulto y otros beneficios presidenciales antes de emitir una recomendación al Poder Ejecutivo.

También archivaron pedido de derecho de gracia
En la misma sesión, la Comisión de Gracias Presidenciales acordó rechazar la solicitud de derecho de gracia por razones humanitarias presentada por Castillo, al no haberse subsanado dentro del plazo establecido una inadmisibilidad advertida previamente.
“En consecuencia, dispuso su archivo”, precisó el ministerio en su pronunciamiento.
La entidad recordó que, conforme al Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, las solicitudes declaradas inadmisibles deben ser subsanadas dentro de un plazo de 20 días. Vencido ese periodo sin que se atiendan las observaciones formuladas, corresponde su rechazo y archivo.

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Minjus reafirma cumplimiento de la normativa
A través del comunicado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos señaló que las decisiones adoptadas se realizaron en estricto cumplimiento del marco normativo vigente.
Asimismo, reafirmó su compromiso con una actuación “objetiva, imparcial y estrictamente sujeta a la Constitución, la ley y la normativa vigente”.
Pedro Castillo afronta además diversas investigaciones fiscales vinculadas a presuntos actos de corrupción durante su gestión presidencial, así como una medida de prisión preventiva en otros procesos judiciales.







