
Un informe del Órgano de Control Institucional (OCI) de la ONPE, órgano que forma parte del Sistema Nacional de Control y está bajo la supervisión de la Contraloría General de la República, en el marco del control concurrente al proceso electoral 2026, advirtió una situación adversa en la contratación del servicio de transporte de material electoral: el proveedor no acreditó la experiencia específica exigida para sus conductores.
El informe N.° 053-1-2026-OCI/3599-SCC, elaborado en el marco del control concurrente al contrato de transporte a nivel nacional, identificó una irregularidad que requiere acciones inmediatas para garantizar la continuidad del proceso electoral.
Según el documento, los términos de referencia establecían que el contratista debía acreditar que sus conductores contaban con al menos un año de experiencia en el manejo de camiones tipo furgón u otros vehículos de categoría superior, como unidades N2 y N3.

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Sin embargo, tras la revisión de la documentación presentada por la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C., se verificó que, si bien los 70 conductores consignados cumplían con un año de experiencia laboral, no se acreditó que esta correspondiera específicamente al manejo de este tipo de vehículos.
Falta de acreditación en documentos

En el expediente revisado —que incluye el listado de conductores y sus constancias de trabajo, como se observa en las páginas 2 a 4 del informe— no se detalla que la experiencia haya sido en unidades de carga pesada, tal como exigían las bases del proceso.
Esta omisión implica un riesgo en la operatividad del transporte durante el despliegue y repliegue del material electoral y equipos informáticos, fundamentales para el desarrollo de los comicios.

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El informe concluye que esta situación podría derivar en la contratación de conductores no calificados, afectando la ejecución del servicio en una etapa clave del proceso electoral.
Ante ello, el OCI recomendó poner en conocimiento del jefe nacional de la ONPE esta situación adversa para que se adopten medidas correctivas inmediatas. Asimismo, se estableció un plazo máximo de dos días hábiles para informar sobre las acciones tomadas, adjuntando la documentación correspondiente.







