
El partido Renovación Popular elevó el tono de sus cuestionamientos al proceso electoral y planteó dos acciones: solicitar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la convocatoria a elecciones complementarias en Lima Metropolitana en un plazo de 24 horas y promover la detención del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, en el marco de una denuncia penal en curso.
Según la agrupación política, varias mesas no se abrieron en el horario previsto debido a la falta de materiales electorales, registrándose demoras que, en algunos casos, superaron las cuatro horas.
La candidata al Senado por la agrupación, Gladys Echaíz, sostuvo que las incidencias registradas durante la jornada electoral —principalmente la no instalación de mesas por falta de material o fallas en equipos— habrían afectado de manera significativa el resultado.
“Se ha verificado públicamente que en muchos centros de votación no se instalaron mesas porque el material no había llegado y, en otros casos, por fallas en las computadoras. Esto habría impactado a aproximadamente un millón de electores, lo que definitivamente incide en el resultado final”, afirmó.
Elecciones complementarias
En ese contexto, anunció que su partido solicitará formalmente al JNE la convocatoria a elecciones complementarias. “Se ha decidido dirigirle una solicitud al JNE pidiéndole que convoque a elecciones complementarias en el término de 24 horas, indudablemente coordinando con el presidente de la República. Estamos planteando una alternativa de solución que consideramos viable para además garantizar el derecho de los electores a votar”, explicó.
Por su parte, el candidato presidencial Rafael López Aliaga calificó lo ocurrido como un hecho “insólito” y atribuyó responsabilidad directa a la ONPE. El 13% de las mesas en Lima Metropolitana no se han abierto, cuando históricamente ese porcentaje bordea el 1%. En contraste, en casi todo el país se reporta el 100% de instalación, señaló.
El candidato agregó que esta situación “tiene connotaciones penales”, aunque precisó que su agrupación busca evitar la nulidad del proceso. “Queremos rescatar este proceso, que ya está manchado, pero no que quede viciado. Hemos redactado una propuesta que será sometida para corregir esta situación sin anular la elección”, indicó.
Asimismo, cuestionó las cifras difundidas por la ONPE sobre la magnitud del problema. “Se ha informado que solo no se instalaron 15 locales, pero no se considera a las personas que se retiraron tras esperar horas para votar. La ONPE tenía la responsabilidad de tener todo el material listo hasta el día previo, según su propio cronograma, y eso no se ha cumplido”, afirmó. Añadió que su pedido será presentado por escrito para su evaluación en el pleno del JNE.

Plantea detencción de Corvetto
Desde el ámbito legal, el abogado Wilber Medina, representante de Renovación Popular, indicó que la denuncia penal contra el jefe de la ONPE viene siendo ampliada y que se están solicitando medidas inmediatas.
“Estamos pidiendo la detención inmediata por la presunta comisión de los delitos de omisión de funciones y contra la libertad popular que ha perpetrado Corvetto (...) Este no es un hecho aislado, está perfectamente planificado. Corvetto debe ser detenido de manera inmediata”, manifestó.
Denuncia irregularidades
En un pronunciamiento público, el partido señaló que estos hechos podrían generar “irregularidades que comprometen la transparencia, legalidad y legitimidad de las elecciones”.
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Asimismo, recordó que, conforme al artículo 377 del Código Penal, incurre en delito el funcionario público que “ilegalmente omite, rehúsa o retarda un acto propio de su cargo”, situación que —a su juicio— podría estar configurándose en el actual proceso electoral.
La organización política consideró que lo ocurrido evidenciaría una “grave falta en el cumplimiento de responsabilidades institucionales”, lo que pondría en riesgo el derecho fundamental de participación política de millones de ciudadanos.

En esa línea, anunció que informará oportunamente sobre las acciones legales y políticas que adoptará. “El Perú merece elecciones limpias, transparentes y respetadas”, señaló el Comité Ejecutivo Nacional.
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Previamente, Renovación Popular también advirtió que impedir el normal desarrollo de un proceso electoral constituye un delito tipificado en el artículo 354 del Código Penal.
Por ello, solicitó la intervención de la Fiscalía de Prevención del Delito desplegada en los centros de votación, a fin de realizar las acciones de control correspondientes y determinar eventuales responsabilidades.
Finalmente, la agrupación exhortó a los ciudadanos a presentar denuncias ante los fiscales presentes en los locales de votación. “Esperamos una respuesta clara por parte de las autoridades que están generando este caos en lo que constituye la única función para la cual existen y cobran sueldo todo el año”, se lee en el comunicado.
Declaraciones tras los resultados a Boca de Urna
Tras conocerse los resultados a Boca de Urna, Rafael López Aliaga denunció que más de 1 millón de personas no habría votado durante la realización de los comicios.
“No se le ha permitido a más de 1 millón de personas un derecho constitucional fundamental en una democracia, el derecho a votar, y se les ha maltratado diciéndoles que no se les cobra la multa y vayan a su casa”, mencionó en conferencia de prensa.
Ante ello, compartió una carta que su partido envió al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, durante el proceso electoral, tras advertir una serie de presuntas irregularidades.








