El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano González, nombrado por el presidente José María Balcázar el 29 de mayo de 2026, enfrenta una denuncia por presuntamente usar un documento falso para acceder a seis cargos en la administración pública.
El documento cuestionado es un certificado laboral de noviembre de 2017 que indica que Solano fue jefe legal de la empresa de courier JCU S.R.L. entre septiembre de 2016 y noviembre de 2017, según reveló el dominical Cuarto Poder.
Dicho certificado fue un documento determinante en su expediente para acreditar los requisitos mínimos exigidos para ser superintendente nacional de la Sunafil. Para dirigir Sunafil se requiere un perfil técnico con 10 años de experiencia general, 5 años en el sector público y 5 años en puestos de jefatura. Sin esa jefatura privada, Solano no habría cumplido la experiencia mínima para el cargo.
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Tras ello, el gerente general de JCU S.R.L., Carlos Ubillus Urbina, envió en junio de 2024 una carta al Ministerio de Trabajo en la que declaró que el certificado no es auténtico y que el logotipo, el membrete y la firma fueron adulterados.
El empresario indicó que el documento falso consigna el nombre Service JCV S.R.L., cuando la denominación real es Service JCU S.R.L., y ratificó públicamente que Solano nunca trabajó en su empresa.
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“Esto tiene que ser visto ya en la investigación penal respectiva”, indicó al programa.
El caso se originó en julio de 2023, cuando Recursos Humanos detectó las presuntas irregularidades. Tras el oficio de la empresa en junio de 2024, se esperó un año para conformar en junio de 2025 una comisión ad hoc que condujera el proceso disciplinario.
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Aunque el 27 de mayo de 2026 un informe técnico concluyó que existían elementos probatorios de falsedad y recomendó abrir proceso disciplinario, Solano juró como ministro dos días después, pasando a ser jefe directo de los investigadores.
“Este caso es gravísimo porque evidencia las potenciales injerencias que pudiera haber tenido el titular de la entidad, ya sea en la demora de la actuación administrativa o en la decisión final de la prescripción”, indicó José Antonio Trelles, expero en contrataciones del Estado.
La defensa del ministro rechazó las acusaciones y sostuvo que no se ha elaborado ni presentado ningún tipo de documentación falsa. Foto: Cuarto Poder
