La extorsión en el Perú “no va a terminar” con la actual estrategia de seguridad del gobierno del presidente José Jerí si no se produce un fortalecimiento real del sistema de justicia, la policía y los órganos de inteligencia. Así lo advirtió el jefe de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, en una entrevista con AFP.
Jerí llegó al poder en octubre, tras la destitución de Dina Boluarte, en un contexto marcado por el avance del crimen organizado y una profunda desconfianza ciudadana hacia las instituciones. Desde entonces, el mandatario ha buscado dar señales de mano dura, encabezando operativos policiales, traslados de reclusos fuertemente custodiados y decretando el estado de emergencia en Lima y el Callao, con presencia militar en las calles.
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Las imágenes y discursos no tardaron en ser comparados con las políticas de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
“El enemigo principal en las calles son las bandas criminales (…) debemos declararles la guerra”, afirmó Jerí al asumir el cargo.
Sin embargo, para el fiscal Chávez, estas medidas no bastan. “La extorsión no se puede enfrentar sin reforzar el sistema judicial, la policía, la inteligencia, la fiscalía y el Poder Judicial. Si no se fortalecen, puedes aprobar 50.000 leyes y nada cambiará”, sostuvo desde sus oficinas en el centro de Lima.
Durante años, Perú fue percibido como un país relativamente a salvo del crimen organizado, pero hoy enfrenta dinámicas similares a las de otras naciones de la región. En solo dos años, las denuncias por extorsión se multiplicaron por más de diez: pasaron de 2,396 a más de 25,000 en 2025.
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Según Chávez, este crecimiento exponencial responde al “desinterés de los gobiernos anteriores”, que subestimaron el problema y lo consideraron pasajero. A ello se suma la inestabilidad política: Jerí es el séptimo presidente peruano desde 2016, una rotación constante que, a juicio del fiscal, impidió diseñar políticas sostenidas en el tiempo. “No hubo liderazgo, ni estrategia, ni presupuesto”, remarcó.
En 2025, las autoridades desmantelaron más de 60 organizaciones criminales y lograron más de 400 condenas, cifras que Chávez considera insuficientes frente a la magnitud del fenómeno. Jerí, además, solo gobernará hasta julio y la ley le impide postular en las elecciones generales de abril.
El impacto de la extorsión se siente con especial dureza en el transporte público. Solo en 2025, más de 50 conductores fueron asesinados, según el sindicato Anitra. A inicios de 2026, el asesinato de un chofer por sicarios desató un paro de protesta. Comerciantes, colegios privados y hasta orquestas de cumbia también figuran entre las víctimas.
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Para el fiscal, la extorsión no es un problema nuevo ni atribuible exclusivamente a la migración. “No empezó hoy, ni con la pandemia y mucho menos con la llegada de los venezolanos. Tenemos nuestros propios extorsionadores”, señaló, recordando que este delito comenzó a aflorar en 2010 en ciudades del norte como Chiclayo y Trujillo.
La diferencia, explica, es el nivel de violencia actual, potenciado tras la pandemia y la llegada de bandas extranjeras como el Tren de Aragua. “Antes bastaban las amenazas. Hoy te matan, te queman. La extorsión se ha convertido en un instrumento de terror”, concluyó.
