
En la madrugada de este jueves 16 de abril, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público realizaron un megaoperativo para allanar las viviendas del alcalde del Callao, César Pérez, y del exburgomaestre, Pedro Spadaro.
En total se allanaron unos 15 inmuebles vinculados a Sánchez y Spadaro, y también a la Municipalidad del Callao.
La razón del allanamiento responde a una investigación preliminar por supuestas irregularidades en la contratación de servicios mediante órdenes de compra que habrían beneficiado a allegados a dichas autoridades entre los años 2023 y 2025.
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Estas pesquisas buscan documentación que permita aclarar el manejo de fondos durante la gestión de Pedro Spadaro en Ventanilla y en la administración chalaca actual —a la que renunció para postular en las elecciones regionales de octubre—.
A través de un comunicado, la Municipalidad Provincial del Callao alegó que el alcalde Pérez y sus funcionarios han brindado todas las facilidades al Ministerio Público y la PNP ante cualquier requerimiento, y que continuarán “colaborando con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos”.

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No obstante, señalaron que estas diligencias fiscales y policiales “podrían evidenciar un uso político de este caso para afectar la imagen de la actual gestión”, así como la de Pedro Spadaro, funcionarios y trabajadores, dado que se trata de una “denuncia sin sustento”.
Spadaro aseguró que el allanamiento vulneró la intimidad de su esposa e hijas, y se dio “sin motivo alguno”. Considera que la intervención es más un show mediático que un acto de justicia.
“Frente a este abuso voy a iniciar las acciones legales correspondientes contra los responsables”, manifestó.
Abogado de Spadaro: “Es una derrota para el Ministerio Público”
El abogado de Pedro Spadaro, Juan Carlos Portugal, señaló que hasta el momento “es una derrota para el Ministerio Público” dado que “el juez señala que no hay ni el mínimo dato” y por eso no se autoriza la detención de su cliente.
“Quedan 4 días para que venza la investigación en sus primeros 8 meses (...) La diligencia preliminar tiene una característica preliminar: son actos urgentes, inaplazables e ininpostergables. Han pasado 7 meses y 26 días para que algo urgente se ejecute. Lo urgente es al día, a las semanas. No cuando faltan 4 días para que venza la investigación” , aclaró a la prensa.
Portugal resaltó que la diligencia fiscal y policial solo ha “generado cámaras” y carece de peso probatorio. “Mi cliente está muy bien”, dijo.








