Coordinadores nacionales y representantes de las Fiscalías Especializadas y Penales del Ministerio Público solicitaron al Poder Ejecutivo, mediante un pronunciamiento, que se atienda la demanda presupuestal de dicha institución, que asciende a S/81 millones.
A través de un video, indicaron que se encuentran en una grave crisis presupuestal y que requieren de dicha suma para no afectar el trabajo de todos los subsistemas fiscales y las áreas de apoyo a la labor fiscal.
“El Ministerio Público necesita para este año 81 millones de soles para no afectar el trabajo de todos los subsistemas fiscales y las áreas de apoyo a la labor fiscal. Desde la Fiscalía de la Nación se han realizado ocho demandas para lograr contar con el presupuesto adicional, pero siempre han sido denegadas”, señalaron los fiscales, tras recordar que la Constitución les otorga la función de promover la acción penal en defensa de la legalidad.
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Los representantes del Ministerio Público dijeron que la institución ha demostrado eficiencia en el gasto, al lograr una ejecución presupuestal del 97% el 2024 y mencionaron que, a la fecha, cuentan con un nivel de ejecución de más del 60%.
Señalaron que, si bien su éxito es el resultado del trabajo conjunto que realizan con otras instituciones, “no se puede exigir a los fiscales que trabajen sin las mínimas condiciones”.
"Solicitamos atender el pedido presupuestal del Ministerio Público a fin de garantizar que exista justicia para todas las personas. La justicia no es un gasto, es una inversión indispensable para fortalecer nuestra democracia", expresaron los fiscales coordinadores y representantes de fiscalías especializadas.
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Asimismo, los representantes del Ministerio Público precisaron qué acciones que actualmente llevan a cabo se verían afectadas, desde setiembre, de no otorgarse el monto solicitado.
Indicaron que se podrían paralizar operativos importantes contra el crimen organizado y la extorsión, así como casos de trata de personas y rescate de víctimas de estos delitos.
También manifestaron que se verían afectadas acciones contra la minería ilegal, contra la inseguridad ciudadana y avances en casos de feminicidios.
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Se menciona, además, que estarían en riesgo las investigaciones en casos de derechos humanos, como los relacionados a desapariciones forzadas o los referidos a las protestas de 2022 y 2023, entre otros.
“No podríamos seguir ubicando e identificando a las víctimas de desapariciones forzadas y los grupos de personas vulnerables quedaría más expuestas”, advirtieron.
