
El debate sobre el alcance del Estado peruano en el megapuerto de Chancay sumó este miércoles un nuevo capítulo internacional. La Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos expresó en su cuenta oficial ‘X’ su preocupación por los reportes que señalan que Perú podría verse impedido de supervisar adecuadamente el terminal portuario, uno de los mayores proyectos de infraestructura del país y de capitales chinos.
“Preocupados por los últimos informes que Perú podría verse imposibilitado de supervisar Chancay, uno de sus puertos más importantes, bajo la jurisdicción de propietarios chinos depredadores. Apoyamos el derecho soberano de Perú a supervisar infraestructura crítica en su propio territorio. Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero barato chino cuesta soberanía”, publicó la entidad estadounidense.
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El mensaje fue compartido por el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, quien añadió: “Todo tiene un precio, y a la larga lo barato sale caro. No hay precio más alto que perder soberanía”.


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Fallo judicial limita a Ositrán
Las declaraciones se producen días después que el Poder Judicial resolviera limitar expresamente las competencias del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) sobre el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, de titularidad de Cosco Shipping Ports Chancay Perú.
El juzgado constitucional declaró fundada la demanda de amparo presentada por la empresa contra Ositrán y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y ordenó que el regulador se abstenga de regular, supervisar, fiscalizar o sancionar las operaciones del terminal.
La única excepción prevista es la intervención tarifaria, pero solo si el Indecopi determina previamente y con decisión firme la ausencia de competencia en los servicios a usuarios finales, conforme al Reglamento del Sistema Portuario Nacional.
Según la sentencia, el puerto fue habilitado por la Autoridad Portuaria Nacional (APN), financiado íntegramente con capital privado y sin contrato de concesión, por lo que no puede ser equiparado a infraestructura estatal o concesionada. En ese marco, el juzgado declaró inaplicables las normas invocadas por Ositrán para sustentar una supervisión integral.
El fallo precisa que el puerto no queda sin control. La APN mantiene la supervisión técnica, operativa y de seguridad; mientras que Indecopi conserva el rol de evaluar la existencia de competencia en los servicios portuarios. Ositrán solo podría intervenir de manera excepcional y condicionada.
En paralelo, la Sunat informó recientemente que el puerto de Chancay ya recaudó S/ 1,037 millones, lo que refuerza su peso estratégico en el comercio exterior peruano.
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Reunión con “cambio de menú”
La advertencia estadounidense también se da en un contexto diplomático sensible. El embajador Navarro se reunió recientemente con el presidente José Jerí y publicó en ‘X’ una fotografía compartiendo una hamburguesa con el mandatario, bajo el mensaje: “Cambiando el menú. Compartiendo una hamburguesa americana con el presidente del Perú”.
El encuentro ocurrió semanas después de que Jerí fuera cuestionado por reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang, lo que generó investigaciones y críticas por presunta falta de transparencia.
Así, el caso Chancay -ya relevante por su dimensión económica y estratégica- adquiere ahora un componente geopolítico explícito, en un escenario donde la pugna entre Estados Unidos y China se proyecta sobre infraestructuras clave de la región.







