
La Comisión Permanente del Congreso rechazó el informe final que recomendaba acusar al Víctor Rodríguez Monteza por presuntamente integrar una organización criminal, en el marco de una denuncia constitucional.
Durante la sustentación del informe, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, explicó que la denuncia presentada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, atribuía a Rodríguez Monteza haber filtrado información sobre interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente para alertar a presuntos integrantes de una organización criminal.
Asimismo, en la sustentación del informe, la parlamentaria señaló que testimonios de colaboradores eficaces y registros de visitas al despacho del exmagistrado sustentarían la hipótesis de que habría utilizado su cargo para favorecer a una presunta organización criminal.
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Además, se le atribuyó haber participado en reuniones con otros investigados que, según la denuncia, habrían servido para coordinar acciones en beneficio de dicho grupo.
Camones precisó que, durante el procedimiento, el denunciado rechazó los cargos, negó haber tenido acceso a las interceptaciones telefónicas y afirmó que las acusaciones carecen de sustento probatorio.
También sostuvo que su relación con el exjuez supremo César Hinostroza fue exclusivamente protocolar y que su designación como fiscal supremo respondió a un proceso regular basado en sus méritos profesionales.
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Como se recuerda, la denuncia constitucional atribuye a Víctor Rodríguez Monteza su presunta integración a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.
Según la tesis del Ministerio Público, el entonces fiscal supremo habría desempeñado un papel relevante dentro de la presunta red, al ser considerado una pieza clave para favorecer la impunidad de sus integrantes.
Defensa pidió desestimar informe
La sesión contó con la participación de Javier Velásquez Quesquén, abogado del exfiscal, quien solicitó que el informe fuera desestimado al considerar que los hechos atribuidos a su patrocinado carecen de tipicidad penal.

Velásquez sostuvo que el delito de organización criminal exige la existencia de una organización integrada por al menos tres personas, requisito que, según afirmó, no se encuentra acreditado en este caso.
Tras el debate, la Comisión Permanente rechazó el informe con cero votos a favor, 20 en contra y cinco abstenciones. Posteriormente, a pedido del congresista César Revilla, aprobó el archivamiento de la denuncia constitucional con 19 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones.







