La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, expresó su expectativa de que el próximo Gobierno impulse el fortalecimiento de las unidades de flagrancia en todo el país, al considerar que este sistema es una herramienta clave para enfrentar la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.
Durante la inauguración del III Encuentro Nacional de Unidades de Flagrancia Delictiva 2026, la magistrada sostuvo que el Poder Judicial continuará promoviendo este modelo de justicia junto con las demás instituciones del sistema, pese a las restricciones presupuestales.
“Vemos con mucha expectativa que el nuevo gobierno ha asumido el compromiso de fortalecer las unidades de flagrancia a nivel nacional, política que, desde este poder del Estado, en coordinación con los operadores de justicia, seguiremos trabajando, a pesar de las limitaciones presupuestales”, manifestó.
Tello recordó que la presidenta electa, Keiko Fujimori, planteó durante la campaña fortalecer las unidades de flagrancia como eje de su estrategia de seguridad ciudadana. En ese sentido, remarcó que la próxima administración no partirá desde cero, pues recibirá una estructura ya desarrollada.
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“El desafío del próximo Gobierno no será empezar desde cero, porque encuentra toda una estructura por la cual hemos trabajado y seguiremos haciéndolo”, señaló.
Asimismo, reafirmó su confianza en la efectividad de este sistema y señaló que, entre el 2025 y lo que va del 2026, las unidades de flagrancia recibieron 51,122 casos, de los cuales 47,279 fueron resueltos, lo que representa una capacidad de respuesta del 93%. Agregó que estos procesos fueron resueltos en plazos menores a 72 horas y que no solo abarcan delitos menores, sino también casos graves que han derivado en condenas de hasta 35 años de prisión.
Janet Tello dio estas declaraciones durante su intervención en la inauguración del III Encuentro Nacional de Unidades de Flagrancia Delictiva-2026. Foto: Poder Judicial.
La titular del Poder Judicial destacó además que el país cuenta con un sistema nacional de justicia especializado en flagrancia delictiva, construido mediante el trabajo conjunto del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario.
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En esa línea, recordó que la Ley N.° 32348 establece el funcionamiento obligatorio de este modelo como una política pública permanente y advirtió que las instituciones involucradas tienen el deber legal de cumplir sus disposiciones.
Finalmente, Tello resaltó que el Poder Judicial ha liderado el proceso de articulación entre las entidades del sistema de justicia para consolidar este modelo, así como la elaboración del Protocolo de Actuación Interinstitucional, destinado a unificar criterios y fortalecer la atención de los casos de flagrancia.
