La Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia recibió la solicitud formal de gracia presidencial por razones humanitarias para el expresidente Alejandro Toledo.
La recepción del expediente se confirmó tras los trámites realizados por la defensa del exmandatario, que está internado en el penal Barbadillo, según información recopilada por el diario El Comercio.
Cabe precisar que la Comisión de Gracias Presidenciales es el órgano técnico del Ministerio de Justicia que se encarga de evaluar indultos y conmutaciones. La resolución final sobre este trámite corresponderá al gobierno entrante de Keiko Fujimori, según el procedimiento institucional.
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Asimismo, la Corte Suprema programó para el 14 de septiembre de 2026 la audiencia pública sobre la solicitud de arresto domiciliario de Toledo. La defensa basó la petición en la normativa para procesados mayores de 80 años.
El expediente ante el Ejecutivo incluye el antecedente de una solicitud presentada el 13 de julio de 2026 por el abogado Carlos Alberto Torres Caro. En esa oportunidad, la defensa presentó un pedido formal de gracia común ante la administración del presidente José Balcázar, citando el artículo 118, inciso 21, de la Constitución.
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El recurso extraordinario alegaba que la acción penal debía interrumpirse porque los procesos superaron los plazos máximos de juzgamiento establecidos por la ley. El documento invocó además el artículo 37.3 del Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales para respaldar el trámite administrativo.
El expediente sostuvo que la tramitación de las causas contra Toledo vulnera su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Según la defensa, el expresidente no tiene sentencia firme en los expedientes acumulados, lo que permitiría la aplicación de prerrogativas del Ejecutivo.
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A su vez, el pedido humanitario se apoya en el estado de salud del exmandatario, de 81 años, internado en Barbadillo. Según evaluaciones de médicos penitenciarios, Toledo presenta patologías crónicas que lo ponen en riesgo inminente de infarto o derrame cerebral.
El expresidente autorizó las gestiones con un manuscrito en el que afirmó que su salud se deterioró gravemente en prisión.
La resolución final sobre este trámite corresponderá al gobierno entrante de Keiko Fujimori, según el procedimiento institucional. (Foto: Poder Judicial)
