El Poder Judicial declaró infundado el pedido presentado por el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, para dejar sin efecto el mandato de prisión preventiva por 36 meses que pesa en su contra dentro de la investigación preparatoria por los casos acumulados Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.
Silva, quien permanece prófugo, es investigado junto al expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de colusión y organización criminal en agravio del Estado.
La resolución fue emitida por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien desestimó la solicitud de la defensa del exministro para afrontar el proceso bajo comparecencia y revocar la medida impuesta el 9 de marzo de 2023, la cual dio lugar a órdenes de captura tanto a nivel nacional como internacional.
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La defensa argumentó que Silva denunció ante la Fiscalía de la Nación y la Contraloría General de la República las presuntas irregularidades detectadas en la contratación del Puente Tarata III, lo que, según sostuvo, permitió resguardar los recursos destinados a la obra y evitar un perjuicio económico al Estado.
Asimismo, sostuvo que las investigaciones posteriores no habrían encontrado elementos que lo vinculen con los hechos, atribuyendo las presuntas irregularidades a funcionarios de Provías Descentralizado.
El Poder Judicial rechazó el pedido de Juan Silva para revocar la prisión preventiva dictada en su contra. Foto: GEC.
Los fundamentos del juez
Pese a esos argumentos, Checkley concluyó que no corresponde tramitar un pedido de cese de prisión preventiva mientras el investigado permanezca prófugo y la medida aún no haya sido ejecutada.
En su resolución, emitida el 6 de julio, el magistrado indicó que, al no haberse ejecutado la prisión preventiva contra Silva, no resulta jurídicamente viable acceder a la solicitud presentada por su defensa.
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Además, precisó que la mayoría de los documentos ofrecidos por la defensa ya habían sido incorporados y evaluados en actuaciones anteriores, por lo que no constituyen nuevos elementos de convicción capaces de desvirtuar los presupuestos que motivaron la imposición de la medida coercitiva.
El juez también advirtió que la defensa pretende reabrir el análisis de pruebas y argumentos que ya fueron resueltos mediante decisiones judiciales firmes, lo que desnaturaliza la finalidad del procedimiento de cese de prisión preventiva previsto en el Código Procesal Penal.
Cabe recordar que el Poder Judicial informó meses atrás que Interpol mantiene vigente hasta el 10 de junio de 2027 una notificación roja de búsqueda y captura internacional contra el exministro, quien continúa siendo investigado por los presuntos delitos de colusión y organización criminal.
