Ante la amenaza de El Niño y otros eventos meteorológicos, desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) resaltaron que el pliego de facultades legislativas dispone 25 medidas, de un total de 66, para la prevención y respuesta oportuna ante emergencias.
De esa manera, señalan que cerca del 40% de las solicitudes remitidas al Congreso, las cuales tienen 4 ejes: habilitantes transversales, prevención y resiliencia sectorial, recuperación y habitabilidad, y de atención directa ante una emergencia.
¿En qué consiste cada eje ante emergencias?
Según la PCM, el primero apunta a borrar las barreras burocráticas que retrasan la acción del Estado, mediante procedimientos más ágiles y estandarizados. Fomenta también la digitalización e interoperabilidad entre entidades públicas.
El segundo protege los medios de vida y la infraestructura con la activación de compensación del Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agrario; sumado a ello, instrumentos financieros para antes y después de sequías o inundaciones.
Se plantea simplificar el proceso del saneamiento físico-legal de predios y garantizar la disponibilidad física y jurídica de terrenos para reducir paralizaciones en obras de infraestructura como defensas ribereñas, canales y reservorios, antes del inicio de las lluvias. Otro punto clave es la protección de la pesca artesanal vía formalización y resguardo económico.

Asimismo, las facultades priorizan la entrega e inscripción de títulos de propiedad para las familias reubicadas, viabilizan la entrega de subsidios para financiar la conexión al servicio de agua y saneamiento, y permiten el uso de tecnología temporal para llevar servicios básicos a precio social en favor de los damnificados.
Finalmente, se autoriza a Defensa Civil para entregar ayuda directa en los primeros 15 días de la emergencia para acelerar la atención de afectados.
La PCM agilizará el acceso al Bono Familiar Habitacional y al Bono de Arrendamiento para Emergencias para dar una mano a las familias cuyas viviendas colapsaron con la emergencia.
“Una norma puede tomar entre seis y ocho meses, pero existen necesidades ciudadanas que demandan respuestas oportunas”, concluyó el premier Luis Galarreta.







