
La Contraloría General advirtió una serie de riesgos en la ejecución del proyecto de la vía rápida Próceres-Wiesse, en el distrito de San Juan de Lurigancho, que podrían derivar en ampliaciones de plazo y mayores costos para el Estado. La obra, cuyo presupuesto asciende a S/ 573.9 millones, tiene prevista su culminación en noviembre de 2026.
De acuerdo con el Informe de Hito de Control N.° 8717-2026-CG/GRLIM-SCC, correspondiente al periodo comprendido entre el 22 y el 28 de mayo de este año, la ejecución de uno de los pasos a desnivel se inició sin contar con la autorización necesaria para la liberación de interferencias vinculadas a redes de agua potable y alcantarillado.
El órgano de control precisó que el consorcio encargado de la obra comenzó los trabajos el 1 de octubre de 2025 en el paso a desnivel N.° 5, ubicado en la intersección de las avenidas Wiesse y El Muro. Sin embargo, solo presentó un documento solicitando la aprobación de Sedapal, mas no la autorización formal requerida para intervenir la infraestructura existente.
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Retraso significativo
La Contraloría también identificó un considerable desfase en la ejecución de este componente de la obra. Al cierre de abril, el paso a desnivel registraba un avance físico de 18.93%, muy por debajo del 91.56% programado.
La obra está a cargo del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Asimismo, se recordó que una segunda adenda suscrita entre Invermet y el contratista, en julio de 2025, establecía que desde el segundo entregable debía presentarse la totalidad del expediente técnico correspondiente a la ejecución del paso a desnivel N.° 5.
El proyecto contempla la construcción de una vía rápida de 6.16 kilómetros de extensión con el objetivo de reducir los tiempos de viaje y mejorar el ordenamiento vehicular en uno de los distritos más poblados de Lima.
Ingenieros sin habilitación vigente
Otra de las observaciones formuladas por la Contraloría está relacionada con la participación de profesionales que no cuentan con habilitación vigente del Colegio de Ingenieros del Perú.
Según el informe, diez ingenieros vinculados al contratista y a la supervisión de la obra vienen prestando servicios sin encontrarse habilitados para el ejercicio profesional, situación que podría comprometer la validez legal de los documentos técnicos que suscriban.
Entre los involucrados figuran especialistas en calidad, seguridad y salud en el trabajo, topografía, mecánica de suelos y pavimentos, además de asistentes de supervisión.

Deficiencias en almacenamiento de materiales
Durante una inspección en campo, la comisión de control también detectó deficiencias en el almacenamiento de materiales de construcción, especialmente acero estructural y cemento.
El informe señala que parte del acero de refuerzo se encuentra expuesto a la intemperie y presenta signos de oxidación. Incluso, algunos elementos ya instalados en pilares muestran corrosión superficial visible, lo que podría afectar su adherencia al concreto y comprometer la resistencia y durabilidad de la estructura.
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Respecto al cemento, se observó que las bolsas estaban almacenadas al aire libre sobre planchas de triplay de reducido espesor y cubiertas únicamente con plástico, condiciones que no garantizan una adecuada protección frente a la humedad.
La Contraloría informó que los hallazgos fueron comunicados al titular de Invermet para que adopte las medidas correctivas correspondientes y se asegure el cumplimiento de los objetivos del proyecto vial.







