
La crisis del gas natural durante la primera parte de marzo último, ocasionada por una rotura del ducto de Transportadora de Gas del Perú (TGP), aún sigue dando de qué hablar. Al menos así lo considera la Contraloría General de la República que emitió un informe de orientación de oficio hace solo unos días sobre el caso.
En dicho informe se reconoce una situación adversa que, para el órgano de control, amerita la adopción de acciones por parte del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
“Habiéndose vencido el plazo para invocar fuerza mayor respecto al evento ocurrido en el KP 43 el 1 de marzo pasado, sin que TGP cumpliera con los términos establecidos en la cláusula 17 de los contratos de concesión de transporte del gas natural y líquidos del gas natural por ductos, el Minem ha requerido a dicha empresa que señale, de forma expresa, si ha invocado o no la figura de fuerza mayor de acuerdo con los contratos de concesión [...]”, se lee.

Contraloría agrega que el hecho de que el ministerio haya pedido esa información a TGP “viene ocasionando dilación en la determinación y aplicación de las penalidades correspondientes derivadas de los incumplimientos contractuales sujetos a las mismas”.
Expertos consultados por Gestión, que prefirieron mantenerse en reserva, analizaron el contenido del informe y recordaron que TGP ya ha respondido al respecto al Minem indicando que, si bien se declaró fuerza mayor, lo importante será poder justificarla, y para ello, anotaron, se requiere que Fiscalía libere las muestras que actualmente están retenidas. “Sin eso, no se puede avanzar, tal como el Osinergmin también lo ha indicado”, apuntaron.
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En esa línea, hay que recordar que a finales de mayo el organismo regulador informó que se encuentra en etapa final la investigación técnica correspondiente. Sin embargo, no es posible concluirla “debido a que está pendiente que el Ministerio Público, a través de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Convención (Cusco), disponga las diligencias necesarias para que el Osinergmin continúe con la evaluación técnica especializada de las muestras metálicas almacenadas e inmovilizadas en Lurín desde el 26 de marzo, las cuales resultan indispensables para culminar la investigación”.
En todo caso, la Contraloría recomendó que esta información se haga de conocimiento al Minem, para que se tomen acciones. Y, en 5 días hábiles, es decir, esta semana, se indique qué medidas se adoptarán.







