El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, sostuvo que la aprobación de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo permitirá acelerar el proceso de reorganización de los establecimientos penitenciarios y de los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación.
Durante una supervisión al penal Ancón II, el titular del sector identificó que alrededor de 500 internos se encuentran recluidos por el delito de omisión a la asistencia familiar. Según explicó, estos casos requieren un tratamiento diferenciado frente a la necesidad de optimizar la distribución de la población penitenciaria.
“No es posible que estén en un penal de alta seguridad internos por un delito que, si bien es cierto, es pernicioso para la sociedad y para sus familias, necesita un tratamiento diferenciado”, afirmó.
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Álvarez señaló que, como parte de las medidas contempladas en el pedido de facultades, estos internos podrían ser trasladados a hangares. De concretarse la medida, los espacios que actualmente ocupan podrían ser utilizados para reubicar a internos considerados de mayor peligrosidad que permanecen en establecimientos que no cuentan con las condiciones de seguridad requeridas.
“En esas 500 ubicaciones (que quedarían libres) se podrían reubicar a otros internos de mayor peligrosidad que en este momento están en penales que no revisten las garantías y la seguridad adecuadas”, indicó.
El ministro agregó que la delegación de facultades permitiría agilizar los procedimientos para concretar los traslados y el reordenamiento de la población penitenciaria, evitando que los procesos sean paralizados mediante la presentación de recursos legales por parte de los internos.
En su visita al E.P. Ancón II detectó que cerca de 500 internos se encuentran recluidos por omisión a la asistencia familiar y podrían ser trasladados a hangares. Foto: Minjus.
Reordenamiento de centros juveniles
Durante la misma visita, Álvarez inspeccionó el Anexo III del penal Ancón II, donde permanecen jóvenes infractores considerados de alto riesgo.
Según explicó, estos establecimientos deberán permitir un proceso de rehabilitación que incluya actividades de trabajo productivo.
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Asimismo, señaló que los jóvenes que ya alcanzaron la mayoría de edad y permanecen actualmente en centros juveniles deberán ser trasladados a establecimientos adecuados y separados de los menores de edad.
De acuerdo con información del PRONACEJ, más del 51% de los jóvenes internados en los nueve centros juveniles y en el Anexo III de Ancón II son mayores de edad.
