El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, planteó reforzar la respuesta del Estado frente a la extorsión y el crimen organizado mediante una estrategia que combine inteligencia policial y militar, reformas procesales y una reorganización del sistema penitenciario.
Tras su presentación ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el ministro consideró que la Policía Nacional del Perú (PNP) debe contar con mayor respaldo de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Precisó que este apoyo no debería limitarse a la entrega eventual de información, sino que tendría que formar parte de una acción coordinada para combatir delitos que afectan el orden interno y la defensa nacional.
“La extorsión se cultiva en la informalidad. Las empresas informales de transporte, la minería ilegal, están siendo objeto de la extorsión y esto va a ir creciendo porque en nuestro país el 75% de la actividad económica es informal. (…) Atacar a este problema, que es muy parecido al terrorismo de los 80 y 90, porque de nada sirve sacar las tanquetas, sacar los fusiles, que sirven para otro tipo de delitos”, indicó en declaraciones a la prensa.
El ministro afirmó que la lucha contra la extorsión exige principalmente trabajo de inteligencia, equipos policiales especializados e investigaciones profundas. En este contexto, propuso que la violencia generada por estas organizaciones sea evaluada como una forma de terrorismo con fines lucrativos.
“Son terroristas porque utilizan la violencia sistemática para provocar un terror a la población. Ahora, el terrorismo, ya se ha demostrado en África, tiene un propósito religioso, no es político. Por tanto, hay una figura típica, genérica de terrorismo, que puede tener finalidad religiosa, finalidad política, o puede tener, como en este caso, una finalidad lucrativa”, añadió.
Por otro lado, Álvarez anunció que el Ejecutivo buscará facultades delegadas para revisar y modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal. Indicó que se conformaría un grupo de especialistas encargado de elaborar una propuesta técnica orientada a acelerar los procesos judiciales y proporcionar mejores instrumentos a fiscales y jueces.
El titular de Justicia señaló que una de las preocupaciones del sistema penal es el elevado número de internos que permanece recluido sin una sentencia condenatoria. Consideró necesario revisar las normas para garantizar procesos más rápidos, respetar la presunción de inocencia y evitar que las reformas queden entrampadas por intereses políticos durante su debate en el Congreso.
Respecto de las cárceles, planteó separar a los reos violentos y de alta peligrosidad de los internos primarios o no violentos.
La propuesta contempla trasladar a los delincuentes más peligrosos a penales con mayor seguridad y construir nuevos establecimientos de rápida ejecución para otros internos, con el objetivo de reducir el hacinamiento, fortalecer la rehabilitación y evitar que las prisiones continúen siendo espacios de control para las organizaciones criminales.
El titular de Justicia y Derechos Humanos anunció que el Ejecutivo buscará facultades delegadas para revisar y modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)
