El Gobierno puso en marcha una ofensiva nacional contra el crimen organizado con el objetivo de recuperar el control del territorio y restablecer el orden interno, en medio del avance del sicariato, las extorsiones y otras economías delictivas en el país.
La estrategia fue definida en una reunión de alto nivel liderada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, junto a ministros de sectores clave, altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como representantes de inteligencia. El encuentro tuvo como eje la articulación de una respuesta coordinada y sostenida frente a la criminalidad.
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“El Gobierno ha tomado la decisión política de pasar del diagnóstico a la acción. Esta ofensiva no es declarativa: implica despliegue real, inteligencia operativa y presencia efectiva del Estado en las calles”, afirmó el jefe del Gabinete, al destacar que la seguridad ciudadana es una prioridad en la agenda del Ejecutivo.
Arroyo también subrayó que el combate a la delincuencia es fundamental para la gobernabilidad. “No habrá desarrollo sostenible ni convivencia pacífica sin control del orden interno. Estamos actuando con firmeza para proteger a la población y restablecer la autoridad del Estado”, añadió.
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Metas al 2028
Durante la sesión, el ministro del Interior, José Mercedes Zapata, presentó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026–2028, que plantea una intervención escalonada en las zonas más afectadas, con énfasis en la prevención policial y comunitaria, así como el control en fronteras y espacios estratégicos.
El plan fija como principal meta reducir la tasa de homicidios de 10.7 por cada 100 mil habitantes registrada en 2025 a 8.5 en 2028. Asimismo, proyecta una disminución progresiva de los casos de extorsión y sicariato mediante el fortalecimiento de la inteligencia, la investigación criminal y el análisis del delito.
Para ello, se contempla también reforzar la administración de justicia y el sistema penitenciario, considerados piezas clave para evitar la reincidencia y desarticular redes criminales.
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Despliegue articulado
La ofensiva se implementará a través de Fuerzas de Tarea Integradas del Estado, con un despliegue flexible que se adaptará a la dinámica delictiva de cada territorio. Este enfoque busca una respuesta más rápida frente a focos de violencia y una intervención directa sobre organizaciones criminales.
En la reunión participaron, además, el ministro de Defensa, Carlos Alberto Díaz; el titular de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Augusto Briceño; y el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, entre otros funcionarios.
