De aprobarse la iniciativa, el Poder Ejecutivo, a través del Minedu y las entidades competentes, tendría un plazo de 90 días calendario desde su entrada en vigor para adecuar los reglamentos. Foto: difusión
De aprobarse la iniciativa, el Poder Ejecutivo, a través del Minedu y las entidades competentes, tendría un plazo de 90 días calendario desde su entrada en vigor para adecuar los reglamentos. Foto: difusión

La bancada de Renovación Popular presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca reubicar a escolares reincidentes en casos graves de violencia y

Según el documento (PL n° 455-2026-2031) firmado por Frank Krklec, la consigna es reforzar la autoridad de los docentes, establecer medidas frente a la reincidencia en casos de violencia escolar y precisar los límites del uso de celulares durante la jornada educativa.

Dentro de las propuestas, destaca permitir la reubicación excepcional de estudiantes responsables de hechos graves de violencia o acoso escolar, cuando su permanencia en el centro educativo represente un riesgo grave o persistente para otros alumnos y este sujeto no pueda ser controlado con medidas menos restrictivas.

Además, en casos de reincidencia también se contempla dicha reubicación: para escolares menores de 14 años se realizaría en otra institución de , se plantea su traslado a un Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA).

El proyecto establece que la reincidencia se configuraría cuando, después de una intervención formal por violencia o acoso escolar, se acredite un nuevo hecho o el incumplimiento deliberado de una medida de protección o restricción de contacto.

El PL en cuestión añade un artículo a la Ley General de Educación para reconocer expresamente la autoridad pedagógica del docente y sus facultades para mantener el orden y garantizar las normas de convivencia, así como para prevenir la violencia.

Según la iniciativa, los docentes podrán llamar la atención verbalmente y aplicar amonestaciones escritas, los cambios de ubicación dentro del aula y la separación temporal de una actividad o el retiro temporal del aula cuando sea indispensable.

“El ejercicio regular de estas facultades no constituiría, por sí solo, violencia, maltrato o abuso de autoridad”, concluye el texto remitido a la cámara baja del Congreso.

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