El Perú enfrenta un panorama limitado para el crecimiento de la producción de oro en los próximos años debido a la ausencia de proyectos relevantes en desarrollo, advirtió Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE).
El economista señaló que, a diferencia del cobre —que cuenta con una cartera de proyectos con cronogramas definidos hacia el 2032—, el rubro aurífero no dispone actualmente de iniciativas con fechas concretas que permitan anticipar un incremento significativo en la producción.
En ese contexto, sostuvo que no existe ningún proyecto de gran envergadura con un calendario claro que impulse el volumen de extracción de oro. “No hay ningún proyecto relevante que tenga fecha definida que represente un incremento importante en los niveles de producción. Salvo Conga, que no tiene fecha definida”, indicó.
LEA TAMBIÉN: Minería ilegal domina el oro en Piura: superaría el 90% de la producción
Este escenario ocurre mientras la minería ilegal continúa expandiéndose, incluso en zonas protegidas y en áreas vinculadas a operaciones valorizadas en más de US$ 12,000 millones, lo que agrava los riesgos para el sector.
Pese a ello, Gallardo subrayó que el país mantiene un amplio potencial en su cartera minera, especialmente en cobre, donde existe margen para duplicar la producción. En esa línea, destacó el rol de Cajamarca, región que concentra cerca del 40% de los proyectos y que podría posicionarse como el principal polo productivo.
No obstante, el avance de estas iniciativas enfrenta diversas barreras. Entre ellas, mencionó la excesiva tramitología, con procesos que suelen exceder los plazos legales y resultan más complejos que en otros países mineros.
“No hay proyectos auríferos relevantes con fechas definidas”, advirtió Carlos Gallardo del IPE. Fuente: GEC, para Gestión. Jessica Vicente.
Asimismo, advirtió que, aunque la conflictividad social ha retrocedido respecto a los niveles registrados en 2022 y 2023, los riesgos persisten. “Hemos mejorado, pero los riesgos siguen presentes. Si no se cierran brechas adecuadamente, podemos volver a niveles elevados de conflictividad”, sostuvo.
Otro factor crítico es la limitada capacidad institucional, especialmente en materia de consulta previa. Según explicó, al ritmo actual, completar los procesos pendientes en el Ministerio de Energía y Minas podría tomar varias décadas, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la gestión pública.
A ello se suman problemas en el catastro nacional, como la superposición de concesiones y la falta de ordenamiento territorial, que dificultan la exploración y el desarrollo de nuevos proyectos.
Estrategia integral contra la minería ilegal
Frente a este panorama, Gallardo enfatizó que combatir la minería ilegal requiere una estrategia más amplia que la discusión centrada en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
“El debate se ha centrado demasiado en el Reinfo, cuando es solo un aspecto del problema. Venimos discutiéndolo hace años, pero no hablamos lo suficiente de trazabilidad, interdicción, alternativas de desarrollo o coordinación interinstitucional”, señaló en la reciente edición del Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
En esa línea, planteó la necesidad de implementar acciones de interdicción sostenidas y articuladas, con mayor uso de inteligencia, así como procesos de formalización con plazos estrictos, fiscalización efectiva y sin excepciones. También remarcó la importancia de establecer un sistema integral de trazabilidad del oro en toda la cadena de suministro.
Además, indicó que es clave reforzar la coordinación entre entidades del Estado, promover la cooperación internacional y asegurar una presencia efectiva en las zonas afectadas, con el objetivo de recuperar territorios invadidos y restituir concesiones.
LEA TAMBIÉN: Plantas procesadoras de oro: ¿hay propuestas contra “eje” de minería ilegal?
Finalmente, destacó que destrabar la cartera minera resulta fundamental para el crecimiento económico del país. Según estimaciones del IPE, el desarrollo de estos proyectos podría generar un impacto equivalente a dos veces el Producto Bruto Interno (PBI) en un periodo de 15 años.
“El impacto no es solo para el sector minero. Se dinamizan otros sectores, se genera empleo, mayor recaudación y se contribuye a reducir la pobreza. Cuando un proyecto no avanza, no es solo un problema de la empresa o de una región, es una oportunidad que pierde el país”, concluyó.
