En los últimos días, dos temas han generado encendidos debates que han estado muy lejos de contribuir a reducir la polarización: el indulto o la gracia presidencial a Pedro Castillo y la elección de la Mesa Directiva del Congreso.
El caso de la libertad de Pedro Castillo se ha utilizado de todas las formas: como promesa de campaña, como condición para dialogar con el nuevo Gobierno y como condición necesaria para la reconciliación o la “despolarización”. Todas ellas ilegales, cuestionables y/o contraproducentes.
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Hasta ahora se han planteado tres alternativas sobre el indulto: i) que José María Balcázar lo indulte (Roberto Sánchez, Vladimir Cerrón y otros partidos de izquierda); ii) que Keiko Fujimori converse con el Poder Judicial para que encuentren una forma, dentro del marco constitucional, que permita a Pedro Castillo seguir sus juicios en libertad (Jorge Nieto); y iii) que Keiko Fujimori indulte a todos los expresidentes presos a los pocos días de asumir el Gobierno (planteamiento que estaría rondando en un sector del nuevo Gobierno).
Hasta ahora se han planteado tres alternativas sobre el indulto.
Nuevamente, todas ellas ilegales, cuestionables y contraproducentes. ¿Por qué sería malo que Balcázar indulte a Pedro Castillo, pero bueno si lo hace Keiko Fujimori? ¿Por qué sería malo indultar a Pedro Castillo ahora, pero bueno si Keiko Fujimori lo hace después, en “coordinación con el Poder Judicial”? ¿Por qué sería malo indultar a Pedro Castillo, pero bueno si se indulta a todos los expresidentes juntos?
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Ejecutar esa o esas excarcelaciones bajo la excusa de la “reconciliación”, la despolarización o la magnanimidad no lograría más que hacer más notoria la politización de la justicia y generar el precedente nefasto de que, cada cinco años, tal como ocurre con las amnistías municipales, se pedirían al nuevo gobierno indultos o gracias presidenciales para políticos que hubieran sido encarcelados o condenados por corrupción o por delitos comunes.
Lo que hay que hacer es que la justicia se aplique con celeridad y total imparcialidad para todos; que la ley se cumpla en todos sus extremos para todos; que la prisión preventiva sea, en efecto, una medida cautelar de carácter excepcional, aplicada únicamente en situaciones de necesidad extrema; y que las excarcelaciones o los indultos humanitarios por edad o por graves estados de salud se concedan con total apego a la legislación vigente.
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Además, ¿estamos seguros de que la libertad de algunos de esos expresidentes va a despolarizar la política peruana?
Lo que sí ha sido polarizador y totalmente contrario a la reconciliación es la discusión sobre la elección de la Mesa Directiva del Congreso.
Dos han sido las posiciones extremas: I) que Fuerza Popular debe presidir ambas cámaras porque ha ganado las elecciones y porque solo así podrá gobernar; y II) que Fuerza Popular renuncie a presidir las cámaras y a integrar las mesas directivas.
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Estas dos posiciones generan una serie de interrogantes.
¿Ganar la Presidencia de la República implica también ganar automáticamente la Presidencia de las dos cámaras legislativas? ¿Vienen en combo esas presidencias? ¿Por qué, en el 2016 y en el 2021, quienes ganaron la Presidencia de la República no obtuvieron automáticamente la Presidencia del Congreso para poder gobernar? ¿Un Ejecutivo no puede gobernar si no tiene la presidencia de ambas cámaras? Entonces, ¿si pierde la elección en el Congreso debe renunciar a gobernar?
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Si ganar la Presidencia de la República implica también hacerse automáticamente de la presidencia de las cámaras, entonces ya no estamos hablando de dos poderes del Estado, sino de una Presidencia de la República y de su apéndice. Por lo tanto, el o la presidente de la República solo debería entregar al Congreso los nombres de las personas que conformarán las mesas directivas y nada más. Una cosa es la elección del Congreso en primera vuelta, en la que la población no le dio mayoría a ninguno, y otra es la elección para la Presidencia de la República, en la que ganó quien dirigirá el Poder Ejecutivo.
Por otro lado, ¿por qué razón el partido de gobierno no debería integrar las listas para la elección de las mesas directivas de las cámaras? ¿En una democracia se puede vetar a un partido político que tiene bancada en ambas cámaras del Congreso? ¿El partido de gobierno no puede aspirar a formar una coalición que dirija el Congreso y que le dé mayoría? ¿Por qué una bancada, de cualquier tamaño, podría vetar o impedir que otra bancada, también de cualquier tamaño, ejerza sus derechos parlamentarios?
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El considerarse oposición o “fiel de la balanza” (cosa que muchos les hacen creer) en el Congreso no da derecho a asumir la posición de juez o de Catón severo con poder de veto, más allá de si se ganó o no la elección presidencial o de cuántos votos se obtuvieron. Lo que menos queremos los peruanos es volver a repetir las situaciones de congresos obstruccionistas.
Lo único que da derecho a presidir o integrar las mesas directivas de las cámaras en el Congreso, así como a participar en coaliciones o alianzas, son las negociaciones (en el buen sentido de la palabra, aunque en nuestros congresos no siempre ha sido así) y los votos de todos los miembros de las bancadas. No existen derechos exclusivos ni poderes de veto.
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Nosotros hemos señalado que sería un gesto de Fuerza Popular, dadas las acusaciones que se le hicieron de copamiento de las instituciones y de autoritarismo, y la búsqueda del equilibrio de poderes, no presidir las cámaras. Ello no significaba vetar su participación en listas de candidatos para las vicepresidencias ni entregar las presidencias a sectores radicales. Al final, las negociaciones y los votos son los que mandan.
Lo que ha dejado claro este debate es que falta mucho para lograr la despolarización.
Enrique Castillo es periodista.
