El Gobierno de José María Balcázar está a pocos días de concluir, pero parece aprovechar hasta el último momento para encargarle trabajo al nuevo Congreso bicameral.
¿Qué busca esta nueva propuesta y qué alcance tendría? ¿Aplicará a puertos con una naturaleza particular como el de Chancay? Acá las respuestas.
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Una autoridad más fuerte
De acuerdo con la exposición de motivos, esta idea surgió de una conclusión de la misma APN, que reconoció esta problemática en un documento titulado “Agenda Temprana” aprobado por su directorio en enero de este año.
El proyecto reveló que, desde que está vigente la Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN) a la fecha, han prescrito 35 multas, lo que equivale a S/ 1,538 millones dejados de percibir por el Estado peruano y que la APN no pudo exigir de mayor forma. Ese es el problema identificado que la propuesta de Balcázar busca resolver.
Tanto Gonzalo Bernal, socio de Echecopar, como Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, consideraron que la idea detrás del proyecto es válida, pero podría ser aún mejor.
Con la nueva facultad, la APN podría recaudar más recursos para el Estado peruano y evitar la reincidencia entre sus administrados. | Foto: Pablo Aguilar / EPA.
“Estoy de acuerdo con el cambio, pero hay riesgos y potencial afectación al debido proceso si se aplica solo como la norma general. El principal sería aplicar la cobranza coactiva sobre deudas no firmes o generar conflictos con la inversión privada por presionar excesivamente a operadores logísticos”, retrató.
Por esto, planteó que el Congreso le sume a la idea ciertas “salvaguardas” como limitar el campo de acción de la cobranza coactiva. Una visión que comparten en ComexPerú.
“La propuesta parece razonable, pero habría que revisar que no choque con los acuerdos de facilitación de comercio que tenemos. La APN tiene la capacidad técnica y ha aportado mucho, pero el proyecto debería contener el análisis de cómo la acción coactiva no incrementará la carga administrativa de los operadores o generará retrasos en la operatividad portuaria. Eso afectaría la competitividad”, recalcó Zacnich.
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¿Medida alcanzaría al puerto de Chancay?
Lo que nunca cuestionó la empresa china fue el rol de la APN en su actividad. Aparte de tratarse de la entidad que le dio la habilitación portuaria, fue una de las instituciones que el propio Cosco listó en un comunicado para justificar que, sin Ositrán detrás, el Estado peruano sí auditará su accionar.
¿Eso significa que si la APN lo multa podrá exigirle el cobro coactivamente a la empresa china? ¿Influye que no se trate de una concesión, sino de un puerto privado de uso público? El proyecto de ley no lo responde directamente.
Al revisarlo, sin embargo, se observó que se cita el Reglamento del Régimen General de Infracciones y Sanciones para la Actividad Portuaria (RRGISAP), que sí es aplicable a toda persona natural, jurídica, nacional o extranjera que realice actividad o servicios portuarios en Perú.
Por su condición particular, el puerto de Chancay sigue generando preguntas en torno a qué entidades pueden fiscalizar su actividad y cuáles no. (Imagen: Andina).
“A pesar de ello podría verse como un vacío legal. La norma debería dejar muy en claro y específicamente qué alcances tendrá, qué se puede regular o multar. Y en caso se indiquen tratos diferenciados, por qué sí aplicarla a unos y otros no”, comentó Zacnich sobre ello.
“Este proyecto es la punta del iceberg. Hace meses ya se discute cómo reestructurar o reforzar la regulación portuaria, no solo por Chancay, sino la serie de proyectos que pueden venir en los próximos años. Hace falta una fórmula más balanceada para limitar esta función de cobranza coactiva a ciertos aspectos”, refirió Bernal.
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Uno más a la lista
Solo este mes, el último del Gobierno de Balcázar en el poder, han presentado cuatro proyectos de ley al Congreso. La mitad, salvo uno que modifica la ley del Ejército y otro que crea un distrito nuevo en Amazonas, están referidos a asuntos que competen al comercio exterior.
Aparte de esta iniciativa para fortalecer la APN, el Ejecutivo busca establecer un régimen de prohibición específica contra importaciones producto del trabajo forzoso. Así lo planteó una propuesta presentada el pasado 2 de julio.
“El 24 de julio vencen oficialmente los aranceles recíprocos. Seguro luego se viene una orden ejecutiva del Gobierno de Trump renovando o aplicando otras medidas similares, a razón de esto (importaciones producto del trabajo forzoso)”, advirtió.
Periodista económico con más de 5 años de experiencia en el rubro. Conductor de "En Clave Económica" de Diario Gestión en YouTube. Licenciado en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cubro temas vinculados a proyectos de inversión público y privada en más de una modalidad y hago seguimiento a diversos sectores económicos.
