Las recientes cifras de pobreza monetaria en el Perú para el año 2025 nos han dado una noticia agridulce que merece un análisis profundo y alejado de cualquier triunfalismo.
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Por un lado, es saludable reconocer que la pobreza monetaria se redujo en 1.9 puntos porcentuales, lo que permitió que más de 500 mil peruanos abandonaran la condición de pobreza. Pero, por otro lado, no debemos perder de vista que, con este avance, todavía nos encontramos 5.5 puntos porcentuales por encima de los niveles prepandémicos de pobreza. No solo estamos lejos de recuperar el terreno perdido por la crisis sanitaria y las crisis posteriores (inflación, fenómeno de El Niño y crisis política), sino que el crecimiento económico –modesto en el 2025–, que históricamente impulsó la reducción de la pobreza, parece haber perdido su capacidad de inclusión.
El crecimiento económico ya no logra, por sí solo, reducir la exclusión como ocurrió durante décadas.
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Durante décadas, el crecimiento económico fue el protagonista de nuestra narrativa de desarrollo. No obstante, las reglas del juego han cambiado. Como bien señaló Javier Herrera en la presentación de las cifras de pobreza monetaria, en el 2025 solo el 48% de la reducción de la pobreza se explica por el crecimiento económico. Este cambio en la relación entre crecimiento y pobreza es especialmente preocupante ante las perspectivas del año en curso, cuando volveremos a crecer solo modestamente y en el que el retorno de una inflación ligeramente creciente dificultará la reducción de la pobreza. Este dato es fundamental para entender que ya no basta con crecer a tasas agregadas; hoy se requiere un crecimiento con características específicas en los sectores y territorios donde se concentran los más necesitados.
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Los datos del 2025 evidencian una profunda heterogeneidad en nuestro territorio. El Perú no es un bloque homogéneo y, por tanto, las recetas “talla única” están condenadas al fracaso. Mientras que la sierra y la selva rural mostraron una reducción inesperada de la pobreza y la pobreza extrema –explicada en parte por el éxito de ciertas actividades en el entorno rural, algunas de ellas lamentablemente informales o ilegales–, Lima Metropolitana apenas registró una modesta mejora. Recordemos que la capital sufrió un golpe devastador con la pandemia, que duplicó su tasa de pobreza, y que aún hoy el gasto real promedio de las familias limeñas se sitúa 16% por debajo de lo registrado en el 2019.
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Estas disparidades exigen respuestas diferenciadas. Si observamos regiones como Cajamarca y Puno, dos de las de mayor pobreza en el 2025, donde la tasa supera el 35%, nos encontramos con departamentos eminentemente rurales. En Cajamarca, el 65% de la población vive en el campo; en Puno, la cifra alcanza el 46%. Para estas familias, la llave de la prosperidad no está en los servicios urbanos, sino en el desarrollo rural y agropecuario. El año 2025 fue desalentador en este frente: mientras el sector agropecuario creció un tímido 1.9% en Cajamarca, en Puno cayó 6.4%. Sin una inversión estratégica en infraestructura rural, tecnificación del agro y acceso a mercados, estas regiones difícilmente lograrán una reducción sostenida y sustantiva de la pobreza.
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Por el contrario, aplicar una política agraria en Lima Metropolitana tendría un impacto nulo. En la capital, donde se concentra la mayor cantidad absoluta de personas en situación de pobreza del país, la urgencia es distinta. Aquí, el crecimiento debe ir acompañado de intervenciones orientadas a ofrecer servicios públicos básicos de calidad: agua segura, transporte público eficiente, salud y, sobre todo, seguridad ciudadana. Acompañados de programas efectivos y agresivos de inclusión económica que permitan a las familias recuperar sus medios de vida mediante estrategias de empleabilidad, capacitación y acceso a capital de trabajo para emprendimientos.
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Es momento de entender que la lucha contra la pobreza no se agota en los programas sociales asistenciales, aunque estos sigan siendo necesarios para acompañar a las familias en sus momentos más críticos. Las políticas para reducir la pobreza que deben acompañar al crecimiento económico deben complementar los programas sociales con intervenciones orientadas a la inclusión económica y productiva con pertinencia territorial. Esto implica que las políticas públicas deben responder a miradas multidimensionales de la pobreza y a las brechas específicas de cada lugar en materia de desarrollo, con infraestructura, intervenciones y esquemas de provisión adaptados a la geografía y la cultura locales.
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El crecimiento económico es el cimiento, pero no el edificio completo. Si no somos capaces de diseñar paquetes de programas y políticas adaptados a las potencialidades y necesidades de cada territorio, nos veremos condenados a una reducción de la pobreza marginal, lenta y, lo que es peor, profundamente desigual. El Perú necesita crecer más, es cierto, pero sobre todo necesita que ese crecimiento llegue a donde están las personas en situación de pobreza, acompañado de un Estado que empiece a gestionar la diversidad de nuestras regiones con inteligencia y pertinencia.
Carolina Trivelli es i nvestigadora principal del IEP.
Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.
