Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la pobreza monetaria alcanzó 25.7% en el 2025. Una reducción de 1.9 puntos porcentuales con respecto al 2024.
Aunque la circunstancia de que casi 600 mil peruanos hayan dejado de ser pobres en un año es positiva –y una expresión del impacto que tuvo el crecimiento de la inversión privada en 10% el año pasado–, todavía estamos lejos de los niveles que registrábamos antes de la pandemia. De hecho, las cifras nos acercan más al 2012 (25.8%) que al 2019 (20.2%) y es claro que el enfoque del próximo Gobierno deberá ser, no solo revertir el retroceso, sino plantear las condiciones para superar lo que se logró hace siete años.
El camino a ese objetivo exige fortalecer las instituciones. La evidencia internacional –y nuestra propia historia– muestra que la pobreza no retrocede sostenidamente por decreto ni por el carisma de quien encabeza el Gobierno, sino por la consistencia de las reglas que rigen el juego económico: del imperio de la ley, de los derechos de propiedad, de la independencia del Banco Central, de la disciplina fiscal, de la predictibilidad regulatoria, de la apertura comercial, del respeto a los contratos y de la separación de poderes.
El valor de estos factores no es una novedad. En palabras del Nobel de Economía Douglass North, “las instituciones configuran la estructura de incentivos de una economía”. Es el caso de los derechos de propiedad, por ejemplo: una cosa es operar con la certeza de que lo que uno construye seguirá perteneciéndole –condición sin la cual no hay emprendimiento ni acumulación de patrimonio– y otra muy distinta es hacerlo bajo la amenaza permanente de expropiación o confiscación. Lo primero motiva, lo segundo disuade.
Y la situación es igual en lo que concierne al respeto a los contratos: es diferente apostar por un acuerdo de mediano o largo plazo cuyas condiciones se mantendrán intactas en el tiempo que hacerlo cuando, de manera unilateral, una de las partes –o el Estado– puede modificar lo pactado. Lo primero atrae la inversión al reducir los riesgos, lo segundo, la ahuyenta aumentándolos. Y el efecto de esto no solo concierne a lo que hacen las grandes empresas e inversionistas, atañe incluso a quien alquila un departamento, financia un auto, firma una hipoteca o deposita sus ahorros en un banco.
Todos los años, el Instituto Fraser elabora su índice de libertad económica a partir precisamente de estos factores y mide su relación con la prosperidad. El reporte del 2025 muestra una asociación clara: el PBI per cápita de los países en el cuartil más alto es de US$ 66,434, frente a US$ 10,751 en el cuartil más bajo. Pero el dato más relevante para nuestra discusión tiene que ver con la pobreza: el ingreso del 10% más pobre es casi ocho veces mayor en los países del cuartil más libre que en los que están en la situación opuesta, por lo que la relación entre la solidez de las instituciones y la calidad de vida de las personas es evidente.
Entre el 2017 y el 2023, el Perú pasó del puesto 42 al puesto 51 de este ranking. Un retroceso de nueve posiciones que coincide con un período en el que nuestra política, nuestras instituciones y la predictibilidad regulatoria han estado muy lejos de su mejor momento.
La buena noticia, sin embargo, es que el Perú tiene la “materia prima” institucional para atraer inversión, crecer económicamente y volver a reducir significativamente la pobreza. Aunque hay espacio para mejorar, nuestro marco normativo mantiene principios que han sido importantes para impulsar el desarrollo, con reglas del juego claras para la libre iniciativa privada, el comercio exterior y la propiedad. A ello se suma nuestro Banco Central de Reserva, referente regional por su autonomía, profesionalismo y la disciplina con la que ha defendido el valor de la moneda incluso en los escenarios más adversos.
El complemento urgente está en el lado político: dejar atrás la década de inestabilidad institucional que ha precedido a este ciclo electoral. La apuesta debe ser por la predictibilidad, la seguridad ciudadana y un marco regulatorio basado en criterios técnicos y no sobre cálculos de corto plazo.
Las instituciones, en fin, son la diferencia entre un país que aprovecha su potencial y otro que lo desperdicia. Las autoridades y los ciudadanos tenemos el deber de preservar las que funcionan y fortalecer las que se han debilitado. Ese es el camino para crecer, reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de todos los peruanos.
Galantino Gallo es CEO de Credicorp Capital.
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