Este mes, el general Francisco Donovan, jefe del Comando Sur del Pentágono, visitó el Perú y nuestra Amazonia para reforzar la cooperación contra las redes criminales. Según The Wall Street Journal, esa cooperación suma drones, inteligencia y embarcaciones no tripuladas que vigilan los ríos. Con herramientas así, la vara sube: los resultados deben ser sustancialmente mejores que los de operativos anteriores.
Acierta la declaración de Doral al apuntar no solo al territorio sino también al dinero del crimen organizado. Recuperar una ribera mientras sigue intacta la fortuna de quien paga su destrucción es una victoria que dura poco.
La minería ilegal y el narcotráfico se han vuelto un mismo organismo, alimentado por las redes de corrupción que talan bosques, envenenan ríos y capturan al Estado. Defender la Amazonia es defender la libertad de quienes la habitan, incluidos los pueblos originarios, los líderes católicos y las víctimas de trata.
Defender la Amazonia es defender la libertad de quienes la habitan, incluidos los pueblos originarios, los líderes católicos y las víctimas de trata. (Foto: Andina)
Por eso no basta con el Pentágono. Deben actuar FinCEN, la unidad de inteligencia financiera del Tesoro, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de la mano de la UIF y el Ministerio Público peruanos. Las avionetas clandestinas aterrizan con dólares y despegan con droga. Con ese efectivo, el crimen organizado compra mineral ilegal y lo revende formalmente como si saliera de concesiones propias que producen poco o nada: minas fachada que nadie fiscaliza, como las de esmeraldas que lavaron el dinero de la cocaína en Colombia. La UIF ya identifica ese riesgo. Las barras doré salen luego por la puerta principal, el Callao, y se cobran con transferencias que pasan por bancos estadounidenses. Esa huella es su punto débil.
El sello que debía cerrarle el paso a ese oro tampoco funciona. La London Bullion Market Association (LBMA) nació para garantizar la pureza de los lingotes, no su origen. Según una investigación de The New York Times, esta asociación, financiada y dirigida por gigantes como la japonesa Asahi, rara vez verifica en el terreno. En Madagascar ayudó a rehacer y antedatar un informe para que una refinería apareciera libre de abusos; cuando supo que otra refinería había recibido oro ilegal de la Amazonia, no movió un dedo. Quien administra el sello del oro puro debe asegurarse también de que ese oro sea limpio.
Pero el punto de intervención más eficaz está en casa. El Instituto Peruano de Economía estima que este año se exportarían al menos US$ 16,000 millones en oro de origen ilegal, más de la mitad del volumen exportado: capacidad de sobra para lavar dinero del crimen organizado internacional. Semejante caudal no fluye solo. Necesita una maquinaria formal: procesadoras y mineras que compran mineral de terceros sin garantizar su trazabilidad y lo transforman en barras doré para exportarlas formalmente en respetadas navieras y aerolíneas internacionales. Probablemente solo cinco empresas cubren el 80% del volumen.
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A cada una bastaría hacerle cuatro preguntas sobre las concesiones que le venden mineral: ¿Cuál fue el plan de minado?, ¿tienen estudios geológicos y medio ambientales?, ¿consumen energía?, ¿cuál es su ley de oro? Si no sabe responder y aun así sigue comprando, está eligiendo no saber. Y ante la justicia estadounidense, elegir no saber puede probar conocimiento.
No es una hipótesis. Empleados de NTR Metals, en Miami, fueron condenados a entre seis y siete años de cárcel federal por conspirar para lavar dinero con oro de minería ilegal comprado en el Perú y otros países sudamericanos. Su oficial de cumplimiento les había advertido que compraban oro ilegal. Siguieron adelante.
Intervenir empresas establecidas es más fácil que perseguir en la selva dragas que sus dueños reemplazan en días. El día en que un reconocido dueño de una de ellas termine en una cárcel federal, las demás entenderán el mensaje y abandonarán estas prácticas en un corto tiempo. Sin ellas, el sistema colapsa.
La supervisión estadounidense debe alcanzar a los asesores de inversión registrados (RIA) de Miami y a los bancos privados que atienden a los dueños de esas empresas. Es una pieza fundamental de esta causa, y tiene un vacío: la regla de FinCEN que obligaría a los RIA a tener programas antilavado y a reportar operaciones sospechosas fue postergada hasta el 2028 y su alcance está en revisión. Es una puerta abierta. Washington no debería recortar la regla, sino aplicarla con rigor.
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Parte de lo decomisado en Estados Unidos debería volver al Perú mediante acuerdos de restitución, con controles independientes, para proteger a los jueces, fiscales, periodistas y líderes indígenas que enfrentan a la minería ilegal a riesgo de su vida, y para rescatar a las víctimas de trata, tarea en la que hoy falla un Estado entrampado en la burocracia.
El trabajo del general Francisco Donovan es muy importante. Pero los bosques y los ríos del Perú necesitan algo más: que la ley llegue hasta el último beneficiario de su devastación.
Martin Fariña von Buchwald es socio de LXG Capital
