En julio del presente año el costo marginal de la electricidad subió de 36 a 285 dólares por megavatio-hora en solo unos días. Ocho veces más. ¿La causa? El sistema necesitó prender las centrales de diésel: la fuente más cara y sucia. Esto no se sintió en la tarifa del usuario, pero quienes estamos en el sector desde hace algunos años sabemos que es una señal inquietante: el sistema eléctrico peruano está operando al límite. Lo que hoy parece un episodio aislado se convertirá en la nueva normalidad.
En el 2004 el Perú tomó una decisión importante y de largo plazo: producir energía eléctrica con el gas de Camisea. La reforma del 2008, con la Ley 28832 atrajo inversión en centrales térmicas eficientes. El resultado fue que durante veinte años contamos con energía competitiva dentro de la región, y sobre esa ventaja tácita se construyó buena parte del crecimiento del país. El problema es que llevamos veinte años viviendo de las rentas de aquella decisión. Un país, similar a una empresa, no puede continuar el éxito basándose en una estrategia que ya cumplió su ciclo.
Si hacia mediados de la próxima década el 30% de nuestra generación a gas tuviera que sostenerse con gas importado (cuatro veces más caro en condiciones normales), el golpe sobre las tarifas, la industria y la competitividad del país sería descomunal. (Foto GEC)
Según los informes del COES, la reserva de generación eficiente a gas se está terminando en los ciclos de estiaje, a pesar de la entrada creciente de energía solar y eólica desde el 2021. Es claro que la energía renovable no convencional es valiosa y necesaria, pero también es variable e inestable por su naturaleza. El lunes 20 de julio, la generación eólica de todo el país disminuyó a 80 megavatios a media mañana; semejante, a que una fábrica tenga la mitad de sus máquinas cuando llega un pedido muy grande. Sin respaldo firme (hidroeléctrico, térmico o almacenamiento) cada hora sin sol y sin viento se cubrirá consumiendo diésel. Sin considerar que El Niño previsto para el 2027, puede generar mayor estrés al sistema.
La transmisión tiene una historia similar: la permisología. La conexión de 500 kV Huánuco–Tocache–Celendín–Trujillo, debía entrar en funcionamiento el 2026. Atrasos en su licitación mueven su funcionamiento hasta el 2029. Mientras tanto, la línea actual se congestiona, produciendo sobrecostos en el norte y el Estado ha tenido que autorizar sobrecargas temporales y sistemas de protección de emergencia. Dicho sin rodeos: estamos haciendo la labor de bomberos en lugar de planificar.
Además, las reservas probadas de gas cayeron de 12.9 a 7.9 trillones de pies cúbicos entre el 2017 y el 2023, y el propio operador de Camisea reconoce que, sin nueva exploración, al Lote 88 le quedan unos quince años de operación. Si hacia mediados de la próxima década el 30% de nuestra generación a gas tuviera que sostenerse con gas importado (cuatro veces más caro en condiciones normales), el golpe sobre las tarifas, la industria y la competitividad del país sería descomunal. No hay más que mirar el caso boliviano, que pasó de exportador a importador.
¿Por qué debería importarnos a un empresario, a un inversionista o a un ciudadano? Porque el suministro de energía eléctrica es la superestructura de todas las infraestructuras. Cuando deliberamos en invertir en minería, industria, data center o en cadena de frío, las tres preguntas que nos planteamos son: ¿contaremos con energía suficiente?, ¿será confiable el suministro?, ¿cuál será el precio? Si un país no puede proporcionar fiabilidad a diez o quince años, se pierden proyectos, disminuye la productividad, el empleo y el bienestar para la sociedad. La seguridad energética es un motor importante para la competitividad del país.
Es necesaria una política energética que perdure al gobierno de turno, los tiempos de la energía (cinco, diez o quince años entre la decisión y la operación) no entran en un período político de cinco años.
Los caminos de solución no son un secreto: planeamiento energético, con objetivos de oferta firme; liberar la permisología (el cuello de botella más costoso y menos visible del sistema); buscar la confiabilidad del sistema eléctrico mediante almacenamiento energético, hidroeléctricas para regular y respaldo térmico eficiente que apoyen el crecimiento solar y eólico; resucitar la exploración de gas; y adecuar la regulación al desarrollo de una matriz energética con alta participación de renovables variables.
El gobierno, igual que las empresas, no se debe llevarse por reacción, sino por tomar decisiones. El Perú todavía tiene los recursos, el talento y el tiempo para asegurar la energía de las próximas décadas. Lo que necesita es lo que en el 2004 alcanzamos: visión larga y coraje para decidir. La luz de los siguientes veinte años se enciende, o se apaga, en las decisiones de hoy.
Eduardo Roncagliolo Faya es profesor de Estrategia y Gobierno Corporativo del PAD – Universidad de Piura.
