Ayer, el MEF publicó la Resolución Suprema 038-2026-EF que designa jefe de la Sunat a César Luna Victoria. El abogado ya ocupaba ese cargo desde el 6 de agosto, pero era necesario cumplir con una formalidad en el marco de la Ley 29816, llamada “Ley de Fortalecimiento de la Sunat”. Esa norma dispone que el periodo del jefe de dicha entidad es de cinco años. En vista que hoy arranca un nuevo periodo, había que volver a designar a Luna Victoria. Lo curioso –se podría decir que vergonzoso– es que desde la promulgación de esa ley, en diciembre del 2011, ningún jefe de la Sunat ha durado cinco años. Y en el periodo presidencial 2021-2026, hubo nada menos que seis. Uno de ellos apenas duró 25 días, en octubre del año pasado.
Con tan alta rotación en el liderazgo, es difícil fortalecer cualquier institución porque se trata de un proceso a mediano plazo. En el caso de la Sunat, su pérdida de peso como entidad clave del Estado es evidente, y la creciente recaudación tributaria esconde sus debilidades para elevar la base tributaria efectiva, pues si hay contribuyentes que están pagando más impuestos, se trata principalmente de empresas ligadas a la minería formal, debido al boom de precios internacionales, sobre todo de materias primas. Y tareas pendientes desde hace años, como la reducción de la informalidad, continúan sin mostrar resultados relevantes.
Según la OCDE, ese problema es uno de los tres desafíos estructurales del Perú en materia de política tributaria. El Gobierno lo ha abordado, es parte del pedido de facultades legislativas, aunque podría comenzar a reformular los regímenes tributarios especiales para mipymes sin necesidad de contar con el permiso del Congreso. Lamentablemente, se percibe que no existe un plan para facilitar la formalización y dado que Luna Victoria ha adoptado el estilo silente de sus predecesores inmediatos, se sabe muy poco al respecto.
A juzgar por lo que señalan las propias pymes, la Sunat no ha modernizado su trabajo. Según un estudio de Ipsos para ComexPerú, estas empresas perciben que las fiscalizaciones están más orientadas a sancionar que a orientar. Por ejemplo, el 69% dice que la Sunat es la entidad cuyas fiscalizaciones general el mayor impacto negativo en sus operaciones. Y el 88% indica que los criterios o interpretaciones de los fiscalizadores cambian con alguna frecuencia. Esto genera confusión en los contribuyentes, de todo tamaño, aunque afectan especialmente a las pymes, que no cuentan con presupuesto para pagar asesorías externas. Y es un incentivo para retornar a la informalidad.
