La desafección ciudadana que alimenta hoy opciones políticas disruptivas tiene una explicación estructural: la percepción, fundada en muchos casos, de que el Estado recauda y presupuesta, pero no entrega. Los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2025 permiten precisar ese reclamo.
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Las regiones donde Roberto Sánchez obtuvo sus mejores resultados en primera vuelta –Cajamarca, Puno, Huánuco, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica– concentran las mayores brechas de servicios básicos del país. Solo el 20.8% de los pobres extremos accede a agua con cloro adecuado y apenas el 36.7% tiene desagüe por red pública. Siete de cada 10 peruanos rurales usan pozos ciegos o letrinas. El 79% de la población presenta problemas de salud crónicos y el 62% tiene carencias en la atención efectiva. Más del 70% de los colegios públicos carece simultáneamente de agua, luz y saneamiento. Esta es la población que vota contra un Estado que llega tarde, mal o nunca.
Existe una paradoja persistente: los gobiernos regionales reciben presupuestos considerables, pero su capacidad para ejecutarlos con eficacia sigue siendo el eslabón más débil de la cadena. (Foto: GRA)
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Una población que recibe muy poco del Estado tiene poco que perder y, por esa razón, es más permeable a propuestas radicales que ofrecen ruptura antes que continuidad. El problema de fondo no es la capacidad del país para generar riqueza –el modelo económico ha demostrado sostener esa capacidad incluso en contextos adversos–, sino lo que el Estado hace con los impuestos que esa actividad tributa. Por eso, el debate pendiente no es sobre el tamaño del presupuesto, sino sobre el tipo de Estado que necesitamos y sus capacidades reales de gestión. Ese debate se dirime en los Gobiernos regionales y locales. Son ellos quienes ejecutan la mayor parte de la inversión en infraestructura social y quienes, cuando fallan, convierten el crecimiento macroeconómico en una abstracción lejana para el ciudadano de a pie.
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Existe una paradoja persistente: los gobiernos regionales reciben presupuestos considerables, pero su capacidad para ejecutarlos con eficacia sigue siendo el eslabón más débil de la cadena. La brecha entre el recurso asignado y el beneficio recibido es una falla de gestión y, como tal, tiene solución. El informe que acaba de publicar Videnza Instituto sobre el programa de acompañamiento a los gobiernos regionales de Cusco, Junín y Arequipa ofrece evidencia concreta en ambas direcciones: confirma el problema y demuestra que es posible revertirlo.
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El programa, financiado por el Instituto Bicentenario e implementado entre julio del 2025 y abril del 2026, desplegó asistencia técnica especializada con un enfoque territorial y de resolución de problemas concretos. Cusco cerró el 2025 con un avance del Presupuesto Institucional Modificado de 96.06% en su cartera priorizada, por encima del promedio regional de 92.7%, y alcanzó el primer lugar en el Índice de Gestión de la Inversión Pública (IGEIP). Arequipa registró 99.9% de ejecución presupuestal a nivel regional y elevó el porcentaje de proyectos cerrados de 16% en octubre a casi 55% en febrero del 2026. Junín logró cerrar 132 de 190 inversiones inactivas validadas y quedó en el segundo lugar del IGEIP.
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Estos resultados no se produjeron solos: hubo presencia técnica en territorio, articulación con la alta dirección y resolución focalizada de cuellos de botella. Se produjeron porque alguien acompañó el proceso.
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Pero la lección más importante del programa de acompañamiento no es técnica, sino política. Porque la asistencia técnica funciona cuando existe compromiso de la autoridad. Cuando el gobernador regional valida los productos, participa en los comités de seguimiento y toma decisiones con celeridad, los especialistas pueden actuar. Cuando falta ese respaldo, las recomendaciones quedan en papel.
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El programa confirma, además, algo que la política subnacional tiende a ignorar: no todas las inversiones merecen la misma atención al mismo tiempo. Seleccionar una cartera acotada de proyectos prioritarios y monitorearla con indicadores de avance físico –no solo financieros– produce mejores resultados que dispersar esfuerzos sobre cientos de proyectos sin jerarquía clara.
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Tres recomendaciones merecen atención de cara a la próxima elección de autoridades. Primera, los comités de seguimiento de inversiones deben institucionalizarse como espacios permanentes de gestión, no como mecanismos atados a la presencia de un consultor externo. Segunda, los procedimientos aprendidos deben documentarse para blindar los avances frente a la rotación de personal, el principal factor de riesgo para la continuidad. Tercera, este tipo de programas deben escalarse con indicadores homogéneos que permitan comparar resultados entre regiones y acumular evidencia sobre lo que funciona.
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Las nuevas autoridades que asumirán en enero del 2027 heredarán carteras complejas, presupuestos bajo presión y ciudadanos con paciencia agotada. Pero la lección más inmediata apunta a los comicios en curso. El mapa electoral de la primera vuelta, más que un resultado, es un diagnóstico territorial. Las regiones donde el voto se inclinó con mayor fuerza hacia la opción de cambio son las que acumulan las brechas más profundas en materia de agua, saneamiento, salud y educación. Quien gane la segunda vuelta este 7 de junio gobernará un país cuyo problema central es la incapacidad del Estado para convertir los recursos en bienestar. Eso no se resuelve con más presupuesto ni con mejores intenciones, sino con capacidad de gestión, presencia territorial y voluntad política de acompañar la ejecución.
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Esta experiencia demuestra que es posible. Lo que el resultado electoral también demuestra es que el costo de no hacerlo ya no es solo técnico. Es político y se paga en las urnas.
Luis Miguel Castilla es director ejecutivo de Videnza Instituto.
Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.
