El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva que dispone una mayor supervisión sobre el estatus migratorio de clientes del sistema financiero, como parte de la estrategia de su administración para endurecer las políticas dirigidas a personas que permanecen en el país sin autorización migratoria.
La disposición establece que reguladores bancarios y distintas dependencias del Gobierno revisen posibles indicios de que personas sin estatus legal acceden a productos financieros, entre ellos cuentas bancarias, préstamos o tarjetas de crédito.
No obstante, la medida resulta menos estricta de lo previsto por el sector financiero. Reportes previos señalaban que la Casa Blanca evaluaba una orden que obligaría a las entidades financieras a recopilar información sobre ciudadanía o situación migratoria de sus clientes, requisito que finalmente no fue incorporado.
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Según el documento, la administración estadounidense considera que podrían existir riesgos crediticios si un cliente es deportado y pierde capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras. En ese sentido, la Casa Blanca sostuvo que no permitirá “riesgos para el sistema financiero” derivados de la provisión de créditos o servicios a personas sujetas a procesos de deportación.
Actualmente, las entidades bancarias no recopilan información sobre ciudadanía o condición migratoria de sus clientes, por lo que tampoco existen estimaciones oficiales sobre el eventual impacto financiero asociado a este grupo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva orientada a reforzar la revisión del estatus migratorio en el sistema financiero. Foto: Kent NISHIMURA / AFP
Un estudio del Urban Institute estimó que entre 5,000 y 6,000 hipotecas fueron otorgadas a personas con Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), documento frecuentemente utilizado por trabajadores indocumentados en ausencia de un número de Seguro Social.
El informe además indicó que las entidades financieras suelen mostrar cautela al otorgar créditos a personas con ITIN. A ello se suma que las compañías hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac también mantienen restricciones para asegurar préstamos bajo estas condiciones, reduciendo las posibilidades de acceso a hipotecas.
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En paralelo, el Departamento del Tesoro anunció en noviembre pasado la reclasificación de determinados créditos fiscales reembolsables como “beneficios públicos federales”, lo que limitaría el acceso de algunos contribuyentes inmigrantes, incluso si cumplen con sus obligaciones tributarias.
Especialistas en materia fiscal advirtieron que la medida podría afectar especialmente a beneficiarios del programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) y a personas acogidas al Estatus de Protección Temporal (TPS).
Con información de AP.
