Por Denisse Miralles Miralles, exministra de Economía y Finanzas. El nuevo Gobierno iniciará con los términos de intercambio y proyecciones macroeconómicas más favorables de la última década, sin embargo, deberá hacer frente a las más altas expectativas de todo un país con crecientes demandas sociales. La primera mujer electa presidenta de la República, deberá enfrentar el reto de equilibrar las presiones de gasto corriente que ha venido desplazando a la inversión y frenando la oportunidad de mejorar nuestro crecimiento.
Cuando el objetivo es impulsar el crecimiento y el bienestar de largo plazo, la única salida es invertir, porque se crean activos productivos, se fortalece la competitividad y se generan retornos económicos futuros. El gasto corriente es necesario para el funcionamiento del Estado, pero la inversión es la que permite que la economía produzca bienestar.
El nuevo Gobierno encontrará hospitales en construcción paralizados, colegios en obras sin financiamiento, carreteras inconclusas, sistemas de agua que no llegan a las familias y una ciudadanía que ya no mide al Estado por lo que anuncia, sino por lo que entrega. Ese será el primer examen económico e institucional: convertir infraestructura inconclusa en servicios efectivos que generen bienestar.
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El diagnóstico es severo, más de 12,500 proyectos a nivel nacional presentan problemas de financiamiento, con un déficit estimado en S/ 21,000 millones. Sumado a esto los 241 proyectos de la cartera Gobierno a Gobierno demandan una inversión de S/ 104,818 millones y enfrentan un desfinanciamiento estimado de S/ 63,000 millones, y detrás no solo carreteras, hospitales, proyectos de irrigación, puentes y colegios a medio hacer, también la cadena de pagos rota, empresas quebradas y familias en el desempleo.
El problema no es solo presupuestal. Es de gestión. La infraestructura estratégica no puede seguir tratándose como una suma de proyectos sectoriales. Debe asumirse como una prioridad nacional, con liderazgo político, solvencia técnica, responsabilidad fiscal y mirada territorial. Eso implica sincerar costos, cronogramas, alcances, riesgos y responsabilidades.
Los primeros 90 días serán decisivos. El nuevo Gobierno debe instalar una instancia de gestión estratégica de infraestructura, conducida desde la Presidencia y articulada con el MEF, ProInversión, los ministerios, gobiernos regionales y municipios. Esa instancia debe operar con una sala técnica permanente, tablero público de seguimiento y capacidad real para resolver cuellos de botella. Cada proyecto priorizado debe tener un responsable, plazos optimizados, alertas tempranas y, la regla de oro: no se empieza ningún proyecto que no tenga financiamiento suficiente, no sólo para concluir la infraestructura al 100% sino también para garantizar toda la operación y mantenimiento.
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La segunda tarea es priorizar infraestructura social y productiva de alto impacto: culminar y poner en funcionamiento lo ya iniciado apuntando al cierre de brechas; y para obras nuevas priorizar la infraestructura productiva: corredores logísticos, conectividad digital, irrigaciones y prevención frente a eventos climáticos.
En tercer lugar, debemos ordenar la cartera. No todo puede ejecutarse al mismo tiempo, incorporemos riesgos y financiamiento privado, dando un respiro a la caja fiscal. Usar estratégicamente las herramientas exige dejar de actuar por inercia, por populismo y empezar a decidir por evidencia.
Una cuarta tarea es acelerar procesos y mejorar transparencia, lo que implica ir hacia la digitalización de trámites, licitaciones y permisos (ventanilla única) y estandarizar estudios técnicos; también establecer mecanismos rápidos de soluciones de controversias.
Finalmente, establecer transferencias condicionadas a indicadores de éxito, incentivos fiscales y técnicos para que los gobiernos regionales y locales, no sólo cumplan metas de inversión, sino de mantenimiento y calidad de gasto.
El Perú necesita decisión, coordinación y gestión. En 90 días no se cerrarán todas las brechas, pero sí puede cambiar la forma de gobernar: escuchar, priorizar, financiar, ejecutar y rendir cuentas. La infraestructura no es fierro y cemento, ni expedientes técnicos; es bienestar, empleo, seguridad y oportunidades. Si la primera mujer peruana electa presidenta de la República aplica eso desde el primer día, habrá dado la señal más importante de la última década: que los peruanos podemos volver a confiar en nuestro Gobierno y trabajando juntos construir el bienestar.
