La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en uno de los principales campos de disputa regulatoria en Estados Unidos. Mientras el presidente Donald Trump y la Casa Blanca buscan evitar que los estados establezcan sus propias reglas para esta tecnología, cada vez más gobiernos avanzan con normas destinadas a supervisar su uso en ámbitos sensibles como el empleo, la educación, los servicios financieros y la protección de menores.
La situación refleja un vacío regulatorio a nivel federal. Aunque el Congreso ha debatido durante años posibles marcos legales para la inteligencia artificial, no ha logrado aprobar una legislación integral.
Ante ello, los estados en el país norteamericano han decidido ocupar ese espacio con iniciativas que buscan responder a preocupaciones cada vez más frecuentes sobre los riesgos asociados a estas herramientas.
Estados Unidos enfrenta un mosaico regulatorio mientras crecen las normas sobre inteligencia artificial. Fotógrafo: Qilai Shen/Bloomberg
Choque entre Washington y los estados
La administración de Donald Trump considera que una proliferación de regulaciones estatales podría fragmentar el mercado estadounidense y afectar la competitividad del país frente a China en la carrera por el liderazgo global en inteligencia artificial.
Por ello, el mandatario emitió una orden ejecutiva para identificar y cuestionar leyes estatales que impongan cargas regulatorias significativas al sector. Incluso advirtió que podría restringir ciertos fondos federales para los estados que adopten normas consideradas incompatibles con la estrategia nacional.
Sin embargo, la amenaza no ha frenado la actividad legislativa. Diversos estados, gobernados tanto por demócratas como por republicanos, continúan impulsando proyectos de ley relacionados con la IA, argumentando que la ausencia de reglas federales obliga a actuar a nivel local para proteger a los ciudadanos.
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Mayor control sobre los desarrolladores
Uno de los casos más representativos es Illinois, donde una propuesta legislativa busca exigir que los desarrolladores de sistemas avanzados de inteligencia artificial implementen protocolos para prevenir riesgos extremos, como ataques cibernéticos masivos, interrupciones críticas de infraestructura o incluso amenazas relacionadas con armas biológicas.
La iniciativa incorpora además una exigencia adicional: que auditores independientes verifiquen si las empresas cumplen efectivamente con las medidas de seguridad que ellas mismas establecen.
Para muchos analistas, este enfoque marca una tendencia hacia una mayor rendición de cuentas de los desarrolladores de IA por los posibles impactos de sus productos.
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Otro de los focos regulatorios más activos es el uso de chatbots, especialmente cuando interactúan con menores de edad.
Estados como Colorado, Connecticut, Idaho, Iowa, Nebraska y Oregon han aprobado normas que obligan a las empresas a informar claramente cuando una persona está conversando con una inteligencia artificial y no con un ser humano.
Las nuevas leyes también buscan limitar ciertos tipos de interacción con menores, exigir herramientas de control parental y reforzar la protección de los datos compartidos durante las conversaciones con sistemas de IA.
En Connecticut, por ejemplo, se han establecido reglas específicas para los llamados “chatbots de compañía”, diseñados para mantener relaciones continuas con los usuarios. Estos sistemas no podrán interactuar con menores de 18 años a menos que cuenten con salvaguardas destinadas a evitar conductas autodestructivas y permitan a los padres supervisar su uso.
Otro de los focos regulatorios más activos es el uso de chatbots, especialmente cuando interactúan con menores de edad. (Foto: Freepik)
Decisiones automatizadas y transparencia
Las autoridades estatales también están poniendo atención en los sistemas de inteligencia artificial utilizados para tomar decisiones que afectan directamente a las personas.
Colorado aprobó una norma que obliga a informar cuando la IA participa en decisiones relacionadas con empleo, educación, vivienda o servicios financieros. El objetivo es que los ciudadanos sepan cuándo una evaluación o recomendación ha sido influenciada por algoritmos.
La preocupación surge de diversos estudios que han advertido sobre posibles sesgos en sistemas automatizados utilizados para seleccionar candidatos a un empleo, aprobar créditos o determinar ciertos servicios.
En la misma línea, Connecticut exige que los empleadores notifiquen a trabajadores y postulantes cuando interactúan con herramientas de IA durante procesos laborales.
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Identificar contenidos generados por IA
Otra tendencia regulatoria apunta a combatir la creciente dificultad para distinguir entre contenidos reales y aquellos creados artificialmente.
Estados como Connecticut, Washington y Utah han aprobado normas que obligan a incorporar mecanismos de identificación en imágenes, videos y otros contenidos digitales generados o modificados mediante inteligencia artificial.
Estas medidas buscan ofrecer mayor transparencia a los usuarios en un contexto donde los llamados “deepfakes” y otros contenidos sintéticos son cada vez más sofisticados y difíciles de detectar.
Un mapa regulatorio cada vez más complejo
Pese al avance de estas iniciativas, no todos los estados han seguido el mismo camino. En Florida, por ejemplo, una propuesta impulsada por el gobernador Ron DeSantis para crear una especie de “Carta de Derechos de la IA” no logró avanzar en el Congreso estatal.
No obstante, la tendencia general apunta hacia un incremento de la regulación estatal. Ante la falta de consensos en Washington y el rápido desarrollo de la tecnología, los estados parecen decididos a establecer sus propias reglas para responder a los desafíos que plantea la inteligencia artificial.
El resultado es un escenario cada vez más fragmentado, donde empresas tecnológicas, desarrolladores y usuarios deberán adaptarse a un mosaico de normas que podría seguir creciendo mientras el debate federal permanece estancado.
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Elaborado con información de AP
