El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este miércoles que, a partir del 2 de abril, exigirá una fianza de US$ 15,000 a los solicitantes de visas de negocios y turismo (B1 y B2) de 12 nuevos países, entre ellos Nicaragua.
Además del país centroamericano, la medida afectará a Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez.
Según la Administración de Donald Trump, la fianza será devuelta a los beneficiarios que cumplan con las condiciones de su visa y regresen a sus países antes de que esta expire.
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En cambio, ese dinero se utilizará para cubrir los costos del proceso de deportación de quienes permanezcan en Estados Unidos más allá del tiempo permitido.
El Departamento de Estado estima que expulsar a un migrante del país cuesta, de media, más de US$ 18,000, por lo que considera que este sistema permitirá ahorrar a los contribuyentes estadounidenses hasta US$ 800 millones al año.
Con la inclusión de estos 12 países, ya son 50 los que están sujetos a este requisito: Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladés, Benín, Bután, Botsuana, Burundi, Cabo Verde, Costa de Marfil, Cuba, Yibuti, Dominica, Fiyi, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea-Bisáu, Kirguistán, Malaui, Mauritania, Namibia, Nepal, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Tayikistán, Tanzania, Togo, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia y Zimbabue.
El Gobierno sostiene que este sistema de fianzas es eficaz, ya que, hasta ahora, casi un millar de extranjeros han recibido visas bajo ese programa y el 97% de ellos regresaron a sus países dentro del plazo establecido.
Esta medida se inscribe en una serie de políticas aplicadas por la Administración de Trump para reducir la llegada de migrantes a Estados Unidos, que incluye también vetos de visas y restricciones al asilo.
