Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, acordó pagar un máximo de US$ 16,680 millones como parte de un acuerdo para resolver las demandas presentadas por varios estados de Estados Unidos que denunciaron la adicción de menores de edad a sus redes sociales, según un documento judicial publicado este miércoles.
Las autoridades acusaban a la compañía tecnológica de diseñar sus redes sociales para generar adicción entre los menores y de engañar al público sobre los peligros de sus plataformas, ignorar los daños causados a la salud mental y física de los jóvenes, y violar la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) al recopilar datos de menores.
Este acuerdo evita la celebración de un juicio federal en California, el cual agrupaba los reclamos de 29 estados.
Meta ha aceptado el acuerdo para evitar prolongar los litigios, pero niega estas acusaciones y cualquier responsabilidad.
El acuerdo exige que la compañía implemente nuevas medidas de protección en plataformas como Facebook e Instagram, entre ellas límites al tiempo que los jóvenes pueden pasar navegando y restricciones para impedir que desactiven ciertas configuraciones de seguridad sin el consentimiento de sus padres. El acuerdo debe ser aprobado por un juez.
Los estados habían denunciado infracciones de las leyes estatales de protección al consumidor y de las normas federales de privacidad, que contemplan multas que pueden acumularse rápidamente cuando se multiplican por millones de jóvenes usuarios de Instagram y Facebook.
“Este acuerdo se celebra únicamente con fines de conciliación y no constituye una admisión por parte de Meta de responsabilidad, conducta indebida o infracción alguna de leyes locales, estatales, federales o internacionales”, según el documento.
Medidas de protección
El gigante de las redes sociales liderado por Mark Zuckerberg se ha comprometido a implementar una serie de protecciones para los usuarios adolescentes (de entre trece y diecisiete años) y menores de trece años.
Entre estas medidas está: la verificación de edad y eliminar cuentas de menores de trece años; el bloqueo por defecto de las notificaciones y el acceso general a la aplicación (excepto los mensajes directos) durante la noche; un límite de uso diario por defecto de dos horas; y un modo escolar en el que se silenciarán las notificaciones durante el horario lectivo.
Por último, los adolescentes recibirán notificaciones obligatorias tras quince, sesenta y noventa minutos de uso continuo para incentivar que dejen de usar la aplicación.
Juicio en California
El acuerdo se produce en la segunda semana de un juicio con jurado en un tribunal federal de Oakland, California, que suponía enormes riesgos para Meta. Los principales funcionarios jurídicos de 29 estados buscaban no solo cuantiosas sanciones económicas en nombre del público, sino también órdenes judiciales que podrían obligar a la compañía a cambiar la forma en que opera sus plataformas.
El anuncio del acuerdo se produjo tan solo un día después de que el director de Instagram, Adam Mosseri, testificara en el juicio en California. Se esperaba que el director ejecutivo de la empresa, Mark Zuckerberg, también prestara declaración en este proceso judicial.
Tras el anuncio del acuerdo, que aún requiere la aprobación de un juez, las acciones de Meta subían más de un 3% en Wall Street.
Bloomberg informó el martes por la noche que las partes habían discutido la posibilidad de llegar a un acuerdo en pleno juicio.
El acuerdo previsto también contempla el nombramiento de un auditor independiente para supervisar su cumplimiento, que podrá emitir sus propias recomendaciones e informar de sus conclusiones a los estados. El pacto también obligaría a Meta a mejorar sus herramientas de verificación de edad para identificar mejor a los usuarios jóvenes en sus aplicaciones. El acceso a funciones como ver el número de “me gusta” de una publicación o utilizar filtros de belleza quedaría restringido para los adolescentes.
“Meta acordó realizar enormes cambios que reducirán el riesgo de daños derivados de sus plataformas, y los implementará en cuestión de meses”, dijo el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado.
Elaborado con información de Bloomberg y EFE
