
Meta está refutando las acusaciones formuladas por varios fiscales estatales en el marco de su más reciente juicio relacionado con la supuesta adicción en niños y adolescentes a sus redes sociales, la cual busca indemnizaciones de por lo menos US$ 1,400 millones, según dijo el jueves la tecnológica a ABC.
La jueza Yvonne Gonzalez Rogers del Distrito Norte de California escuchará desde el próximo martes 18 los argumentos de las dos partes, en un juicio con jurado que se catalogó como histórico por los 29 fiscales estatales, entre ellos el de California, que acusaron al gigante tecnológico por diseñar e implementar funciones en Instagram y Facebook que generan adicción en niños y adolescentes.
Meta refutó este jueves las acusaciones a las que califica de “infundadas”, según dijo un portavoz de la compañía a la televisora.
“Los fiscales no presentan pruebas de que alguien en sus estados haya sido engañado, afirman que funciones inofensivas —como tener una cuenta adicional de Instagram— perjudicaron de alguna manera a sus residentes, e intentan penalizar a Meta por desafíos que afectan a toda la industria, como la verificación de la edad”, ahondó el representante de la tecnológica.

Los cambios que le piden a Meta
Meta también criticó la indemnización económica solicitada por los demandantes, que en este caso podrían alcanzar hasta US$ 1,400 millones, calificándolas de «enormemente desproporcionadas».
“En lugar de ceñirse a los hechos o a la ley, los estados han decidido perseguir una compensación económica desorbitada”, afirmó el portavoz.
La compañía se enfrenta a un proceso de unas cuatro a seis semanas durante las que se espera que al director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y el responsable de Instagram, Adam Mosseri, los llamen a declarar.
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En su demanda, los estados también buscan cambios en las aplicaciones de Meta para usuarios menores de 18 años, entre ellos la reproducción automática de videos.
La semana pasada un juzgado del distrito de Santa Fe en Nuevo México condenó a Meta a pagar US$ 567 millones a un fondo de reparación para la salud mental de los jóvenes que debe crear, porque se considera que su forma de operar perjudica la salud y seguridad de los adolescentes, un fallo que se estima como precedente para la actual querella.
Con información de EFE







