La realidad del Perú es que su recaudación fiscal es una de las más bajas de Latinoamérica (16% del PBI frente a un promedio regional de 21.5%), un fenómeno explicado principalmente por el alto nivel de informalidad estructural. En este escenario, las iniciativas para incrementar el gasto en salud y educación —sectores con severas brechas en la calidad de los servicios— resultan inviables si se pretende mantener la disciplina fiscal con un tope de déficit de 2% y evitar un endeudamiento crónico.
Ante un margen de maniobra tan estrecho, la estrategia más sensata es eliminar la regulación excesiva y acelerar las inversiones del sector privado. Es evidente que la informalidad subsiste, en buena parte, debido a los sobrecostos regulatorios y a la lentitud del aparato público para destrabar proyectos de infraestructura y minería. La solución no radica en expandir la planilla estatal, que en los últimos 20 años pasó de 1 a 1.5 millones de servidores públicos, sino en elevar su productividad, reducir la tramitología y reducir el rol del Estado en la economía.
Al gobierno peruano solo le queda optimizar al máximo el uso de sus recursos actuales mientras, de manera gradual, incrementa su recaudación. Esto requiere ampliar la base tributaria, implementar reformas eficientes y expandir el PBI mediante grandes proyectos de infraestructura, minería e irrigación.
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Es importante entender por qué resulta tan difícil ampliar la base tributaria. En el hogar promedio peruano, el 60% de los ingresos proviene del sector informal. Esta cifra contrasta negativamente con la de Chile, donde solo el 20% de los ingresos del hogar promedio tiene origen en la informalidad. El Perú cuenta con uno de los presupuestos mas bajos de la región en gasto público en educación y salud, precisamente porque resulta muy difícil aumentar estas partidas y elevar la recaudación en una economía con un mercado laboral y empresarial altamente informal.
"Es importante entender por qué resulta tan difícil ampliar la base tributaria. En el hogar promedio peruano, el 60% de los ingresos proviene del sector informal."
Asimismo, urge seguir promoviendo la participación de la empresa privada en los sectores de salud y educación a través de mecanismos creativos de asociación con el sector público. Históricamente, el Estado ha demostrado severas limitaciones para construir infraestructura clave, ya sea en transportes —cuyo reflejo más evidente es el deficiente acceso al nuevo aeropuerto—, salud o educación. Insistir en estatizar o centralizar estos servicios solo perpetuará los bajos estándares de calidad y el rezago académico en el sector educativo.
Mirando hacia adelante, la prudencia es obligatoria. El Perú debe estabilizar su déficit fiscal para frenar el crecimiento de la deuda pública, pues sin un incremento real de los ingresos fiscales en el mediano plazo, el país verá limitada su capacidad de pago.
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Afortunadamente, el Perú aún no necesita planes de shock ni terapias de rescate radicales como las aplicadas en economías golpeadas por la bancarrota, como la argentina. El camino inmediato debe ser técnico y administrativo: asegurar viceministros idóneos que lideren equipos honestos y capaces, y simplificar los procesos regulatorios para dinamizar al sector privado.
En los últimos años se ha producido un deterioro significativo en la calidad del funcionario público, tanto en la administración de los ministerios como en el Poder Judicial. Funcionarios de carrera en el sector público deben lidiar cada vez más con personas improvisadas cuyo principal objetivo parece ser colocar a gente de su entorno, cumplir agendas políticas o aprovecharse de los recursos públicos.
El Estado debe consolidarse como un ente promotor y supervisor, evitando comprometer recursos que no posee. El foco debe estar en la productividad del capital humano existente y no en la expansión de un aparato burocrático que, a largo plazo, comprometería la viabilidad del país.
