Como he comentado en este espacio en ocasiones anteriores, existen motivos para ser optimistas sobre las perspectivas de la economía peruana en los próximos años, incluyendo términos de intercambio en niveles históricamente altos y la resiliencia de la institucionalidad económica, con la independencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) como un ancla clave. Sin embargo, será necesario tomar medidas que permitan aprovechar plenamente estos vientos externos favorables, de tal modo que se alcancen mayores tasas de crecimiento y se reduzcan las brechas sociales y de infraestructura.
Debe recordarse que el crecimiento potencial del Perú ha caído casi 3 puntos porcentuales (pp) desde 2013, una reducción superior en al menos 1pp a la observada en países como Chile y Colombia, pese a haber enfrentado choques similares, como la caída estructural de los precios de commodities en su momento. Esto lleva a concluir de manera inequívoca que la incertidumbre regulatoria y política de la última década sí ha jugado un rol relevante en el desempeño económico del país. De hecho, bajo otras condiciones, sería esperable que el mayor nivel de términos —en su nivel más alto en 75 años— condujera a tasas de expansión del PBI de al menos 5% e, incluso, superávits fiscales. Todo ello sugiere que el llamado “divorcio” entre economía y política se ha seguido debilitando. No obstante, uno de los mayores activos del Perú sigue siendo la solidez de sus finanzas públicas, con niveles de deuda que se mantienen bajos, alrededor del 30% del PBI.
Ahora bien, la institucionalidad fiscal se ha debilitado en los últimos años debido al sinnúmero de leyes con impacto fiscal probadas por el Congreso, muchas de las cuales no han sido observadas ni llevadas ante el Tribunal Constitucional por el Ejecutivo. Según el Consejo Fiscal, entre 2021 y finales del año pasado, el Congreso aprobó 229 leyes con impacto fiscal negativo (101 por insistencia), con un costo estimado de 3.5% del PBI, más de tres veces el promedio observado de períodos anteriores.
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Así, una de las primeras medidas del nuevo gobierno debería ser solicitar la inconstitucionalidad de normas de gasto aprobadas por el Congreso ante el Tribunal Constitucional. Asimismo, la situación de Petroperú requiere una pronta solución. De lo contrario, podría darse un fuerte deterioro de las cuentas fiscales en la próxima década, en medio de crecientes presiones de gasto público que reducirían los recursos disponibles para gasto productivo y social.
Más allá de las finanzas públicas, la materialización efectiva de los proyectos de inversión en cartera —identificados o adjudicados— que superan los US$70,000 millones, requerirá de la adopción de medidas concretas frente a la creciente criminalidad/inseguridad, la protección de la inversión privada mediante reglas de juego claras y estables, la reducción de la burocracia y la permisología, y la mejora de eficiencias para la ejecución del gasto público y, por supuesto, la generación de las condiciones para un escenario político estable en el que predomine la tecnocracia y la búsqueda del bienestar colectivo a través de amplios consensos.
En paralelo, mejorar las condiciones sociales requerirá fortalecer la seguridad, enfrentar las economías criminales y emprender reformas para reducir la informalidad laboral y mejorar la justicia. El camino no es fácil y los desafíos son significativos, ya que revertir tendencias toma tiempo. Sin embargo, la fortaleza del sector empresarial, la creciente confianza de los peruanos en el futuro y la resiliencia de la sociedad y la economía como un todo, hacen pensar que el Perú tiene todos los elementos para aprovechar sus potencialidades. A partir de las próximas elecciones, la voluntad política será determinante.
Managing Director de Research y Economista Jefe de Credicorp Capital. Es economista por la Universidad del Rosario, con maestría en Economía de la misma casa de estudios. Cuenta con más de 20 años de experiencia. Previamente se ha desempeñado en cargos de docencia, investigación académica y del sector financiero.
