
Con el próximo cambio de Gobierno en Perú, en unos meses el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República deberán seleccionar a los nuevos miembros del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Ante las dudas que se genera con una nueva elección, el exministro de Economía, Luis Carranza, propone un ajuste para fortalecer la independencia de la entidad monetaria.
Si bien la Constitución y la Ley Orgánica actual del BCRP son fundamentales para la estabilidad, el economista apuntó a la necesidad de realizar un cambio clave que impida que los ciclos políticos afecten la conducción de la política monetaria del país.
“Lo único que tenemos que cambiar es cómo formamos el directorio del banco. Cada 5 años, con el cambio de Gobierno, empieza el pánico en el sector empresarial. Tenemos que pasar a un esquema en el cual el Gobierno entrante no tenga mayor impacto sobre la conformación del directorio del BCRP”, comentó durante su presentación en el foro Quo Vadis de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
Como se recuerda, el Poder Legislativo -ahora el Senado, tras la aplicación de la bicameralidad- seleccionará a 3 miembros, mientras que el Poder Ejecutivo se encargará de elegir a 4 miembros, incluido al presidente del BCRP, que finalmente deberá ser aprobado por el Congreso.
En ese sentido, Carranza planteó que los siete miembros del directorio de la entidad monetaria podrían ser elegidos por periodos más extensos y que su renovación no sea total en cada cambio de Gobierno. De esta manera, se garantizaría un menor impacto político sobre la conformación del directorio.
"El directorio debería ser siete miembros elegidos tras 7, 8 o 9 años y con renovaciones con tercios (de cada Gobierno)“,

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Reformas estructurales también deben estar en agenda
Carranza señaló que el cambio en la conformación del directorio del BCRP sería el único ajuste del lado monetario. Sin embargo, la tarea “fuerte” recae en otros ámbitos pues el país viene enfrentando una década de deterioro económico.
“Luego de las reformas de los 90, en la siguiente década se consolidaron varias. Desgraciadamente no mantuvimos esas políticas hacia adelante. Ha venido un deterioro constante a partir de la última década y hasta ahora estamos pagando esa factura”, señaló.
Una de las reformas, apuntó, tendría que estar asociada al sistema tributario para incentivar la reinversión de utilidades, sugiriendo bajar un punto por año el Impuesto a la Renta (IR) -por un periodo de tiempo determinado- de modo que las empresas que decidan reinvertir terminen pagando solo un 20%.
La gestión de las finanzas públicas también es uno de los aspectos a evaluar. El extitular del Ministerio de Economía advirtió que el Estado viene mostrando un crecimiento descontrolado del gasto corriente. Por ello, recomendó retornar al esquema fiscal que se tenía hace casi 20 años.
El economista recordó que entre 2007 y 2008 el gasto corriente tenía un tope de 3% de crecimiento (aunque luego subió un punto más), mientras que la inversión pública no tenía límite, siempre y cuando se respetara el 1% del PBI como déficit fiscal. El problema, señaló, inició en 2013 cuando se cambió la regla y no se hizo una distinción entre el gasto corriente y el gasto de inversión.
“Una reforma importante es regresar a un esquema como el que teníamos en 2007 o 2008 poniendo tope al crecimiento del gasto. No se trata de recortar o desvincular trabajadores, se trata de evitar que sigan entrando personas que no necesitamos en el sector público”, explicó.
Sector laboral. Carranza consideró que, de momento, no se debería tener en cuenta una reforma en este ámbito. Esto debido a que, con la división que existe en el país, una reforma laboral no tendría sostenibilidad política en el tiempo por lo que se debería evaluar cuando la pobreza retorne a sus niveles previos a la pandemia y el Perú tenga nuevamente fuertes incrementos en ingresos promedios.
Unidad de seguimiento del MEF
Otro aspecto importante es la infraestructura, resaltó el exministro. Según indicó, la brecha de infraestructura alcanza el 50% del PBI mientras existen cerca de S/ 70,000 millones en obras paralizadas en sectores críticos como saneamiento.
Ante esa situación, consideró necesaria la creación de una unidad de seguimiento estricto dentro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que evite errores contractuales y las costosas demandas que el país enfrenta actualmente ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).









