En el Perú, la formalización de la propiedad informal ha sido una política sostenida por décadas. En ese marco, a finales del mes pasado, se publicó el Decreto Supremo N.º 006-2026-VIVIENDA, que actualiza el reglamento de la Ley Nº 28687, alineándolo a cambios recientes.
Hay que recordar que la Ley N° 28687 define que los terrenos invadidos hasta el 31 de diciembre del 2021, cumpliendo ciertos requisitos, pueden buscar formalizarse. Esto se determinó con un cambio a la ley en marzo del 2025.
Pero, no es el único cambio. Ha habido continuamente ajustes por el Congreso de la República, lo que ha sido cuestionado pues algunos analistas entienden que es una manera de no “cortar” la posesión informal de predios. Antes, el límite era hasta el 31 de diciembre del 2015, aunque originalmente, en 2006, se determinó hasta el 31 de diciembre del 2004.
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Con el decreto supremo, más de un año después de la modificación de la ley, se adapta la fecha al reglamento: "El acceso al suelo para uso de vivienda de interés social con los atributos identificados [...], es facilitado mediante acciones de saneamiento físico legal, de obras de reurbanización o urbanización, obras de construcción de vivienda nueva o mejoramiento de vivienda en terrenos ocupados por posesiones informales al 31 de diciembre de 2021 y sobre terrenos no ocupados de libre disponibilidad, sean éstos de domino privado del Estado, de propiedad privada o comunidades campesinas de la costa”.
Se elimina la exigencia de presentar copia del DNI y se reduce la lista de requisitos a elementos básicos como una solicitud simple, un plano del predio y un acta de verificación de la posesión.
A finales del mes pasado, se publicó el Decreto Supremo N.º 006-2026-VIVIENDA, que actualiza el reglamento de la Ley Nº 28687, alineándolo a cambios recientes. Foto: Andina/ Referencial.
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Impacto en los procesos
Samanta Taipe, asociada senior de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), y Katia Pinedo, asociada del área inmobiliaria en DLA Piper Perú, coinciden en que el principal efecto de la norma es la ampliación del universo de beneficiarios al “oficializar en el reglamento” la extensión del plazo de reconocimiento de posesiones informales hasta el 31 de diciembre de 2021.
Ambas especialistas señalan que esta modificación no afecta negativamente a los procedimientos en trámite. Por el contrario, permite que nuevos posesionarios, que antes no calificaban bajo el límite anterior (2015), puedan iniciar procesos de formalización.
En ese sentido, la simplificación normativa no garantiza por sí sola una simplificación efectiva del trámite.
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Riesgos y desafíos en la verificación de posesión
Aunque se cuestiona aún la ampliación del plazo, lo cierto es que ya es una ley vigente, por lo que las abogadas consultadas enfatizan también en otros riesgos. Ambas coinciden en que la flexibilización de requisitos puede generar problemas si no existen mecanismos adecuados de control.
Pinedo advierte sobre la posibilidad de declaraciones no verificadas o el uso indebido de datos, mientras que Taipe enfatiza la importancia de contar con procedimientos claros y consistentes.
En este punto, ambas destacan la necesidad de fortalecer herramientas de validación, como el uso de tecnología o la interoperabilidad con entidades públicas, para evitar distorsiones en el proceso.
Un aspecto crítico identificado es la capacidad de los gobiernos locales para implementar la norma. Las especialistas coinciden en que existen brechas importantes a nivel nacional, tanto en recursos como en sistemas de información.
Esta situación podría afectar el proceso, especialmente en la verificación de la posesión efectiva de los predios, donde suelen presentarse dificultades como la superposición de posesiones o la falta de pruebas sobre la antigüedad de la ocupación.
Efectos en el acceso a servicios y el mercado
No obstante, advierten que la ampliación del plazo también puede generar efectos colaterales.
Por un lado, podría incentivar expectativas de futuras extensiones del régimen; por otro, plantea riesgos en el mercado inmobiliario, donde la nueva fecha de corte se convierte en un factor relevante para la evaluación de terrenos y posibles contingencias.
En ese escenario, concluyen que, si bien la norma facilita la formalización de situaciones existentes, su efectividad dependerá de su implementación y de que se acompañe de políticas que eviten nuevas ocupaciones informales.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
