Sánchez aún va tras Constitución pese a ajustes en su plan: las “nuevas” propuestas

Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JP), está en la carrera contra Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, por el sillón presidencial. A solo días de la segunda vuelta, el candidato de izquierda sorprendió, el 01 de junio, con la presentación de un nuevo plan de gobierno. Esto llega, justamente, después de los últimos dos debates donde se observó un aparente cambio de discurso.

Gestión le puso el foco a las propuestas de la dimensión económica. El análisis compara el nuevo documento respecto al plan presentado antes de la primera vuelta de abril.

Antes de desagregar la dimensión considerada, es necesario hablar de un punto relevante: la intención, aún clara, de cambiar la Constitución Política. Más allá de cualquier propuesta económica puntual, un cambio de la Carta Magna es el dato más relevante por una razón: la Constitución es la que fija las reglas del juego.

Inicialmente el ideario de JP se sostenía en un punto central: “contar con una nueva Constitución con institucionalidad democrática, fruto de la Asamblea Constituyente”.

Si bien esto se ha “suavizado” en el nuevo texto, el fondo es el mismo: “Como Juntos por el Perú, se impulsará una Constitución de consenso a través del diálogo nacional, que involucre a todos los sectores y a la sociedad en su conjunto, siguiendo las vías democráticas que la carta política y la ley contemplan [...] Liderar un proceso democrático y participativo de cambio constitucional que, a través del diálogo nacional y de la consulta a la ciudadanía, defina la vía –la reforma integral por el cauce del artículo 206 o la convocatoria a una Asamblea Constituyente– para dotar al país de una Constitución de consenso”.

Es más, la intención principal es hacer ajustes al capítulo económico. Dentro del planteamiento para una reforma constitucional, se señala que “el Estado debe recuperar un papel activo en la economía [...]”. Esto, después de subrayar que el “modelo económico [actual] no ha repartido sus frutos entre todos [...]”.

David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas, opinó al respecto en conversación con Gestión: “[Cambiar la Constitución] es un tema que claramente está en su identidad [...] Todo lo que signifique un rol menor del Estado, va en contra del ‘rol estratégico’ que le quieren dar; un Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) independiente va en contra también de un marco constitucional que implique un papel diferente para la economía”.

Alfredo Thorne, exministro de Economía y Finanzas, coincidió. “Ellos saben que no tendrían los votos para cambiar la Constitución, por eso [presentaron] este plan B. Si entran al Gobierno, podrían implementar este, llamémoslo, plan “moderado”. Pero, eso no significa que no insistirían en el cambio constitucional. No creo que un plan sustituya al otro. Su objetivo mayor y fundamental es el cambio constitucional”, apuntó.

Es más, comentó que el plan está equivocado cuando se refiere a que el modelo económico no ha repartido frutos: “En ninguna parte del capítulo económico hay artículos que se refieran a la distribución del ingreso. Son capítulos que se refieren a las garantías que hay que darle a la inversión privada […]. Son cosas más estructurales. La distribución del ingreso tiene que ver con la gestión gubernamental y esto es la que ha sido seriamente erosionada durante los últimos cinco años desde que [Pedro] Castillo entró al gobierno”.

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Propuestas económicas bajo revisión

A lo largo del nuevo plan se observan algunos intentos por moderar aspectos del discurso radical con el que avanzó en las elecciones. Sin embargo, mantiene propuestas que preocupan y otras que dan un giro respecto a sus ideas iniciales. La dimensión económica está dividida en varios grupos, pero para esta nota se revisaron dos: economía y minería.

Por ejemplo, en economía, hoy Sánchez plantea el respeto a los Tratados de Libre Comercio (TLC); preservar la autonomía y capacidad técnica del BCRP, “garantizando su mandato constitucional”; y fortalecer al Consejo Fiscal (CF), otorgándole opinión vinculante, “preservando su autonomía y capacidad técnica, además de brindarle más facultades para contribuir con la estabilidad macroeconómica”.

En sus propuestas iniciales, la mirada era diametralmente opuesta. Se había planteado renegociar los TLC y otros acuerdos comerciales “que afecten la soberanía nacional o atenten contra los intereses y la calidad de vida de las mayorías del país”. Además, no había mención alguna al BCR o al CF. Aun así, en declaraciones, Sánchez había cuestionado la labor de Julio Velarde y dijo que lo “iba a echar”.

En otra parte del nuevo plan refiere que se establecería un marco “claro y transparente” para las Asociaciones Público-Privada (APP): “El Gobierno debe ser el promotor del desarrollo y la inversión, mas no el principal actor”; y se implementaría un mecanismo “fast track” para proyectos priorizados. Incluso, se autorizaría y fomentaría el ingreso de nuevos competidores en el mercado financiero nacional.

Esto tampoco había sido mencionado en el ideario de JP.

Tuesta comentó que el inversionista se basa en señales y, este cambio a solo días de las elecciones, podría no ser suficiente para convencerlos. “El plan en el fondo es un elemento introducido para influenciar el voto. Pero eso no tiene en esencia ningún tipo de efecto sobre el inversionista, por eso las expectativas económicas, desde que se conoció que JP pasó a segunda vuelta, se derrumbaron. Se sabe quiénes integran el equipo, cuáles son las ideas reales sobre la economía [...]”, fue enfático.

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Propuestas para minería: ¿preocupación continúa?

El sector minero ha estado bajo la mira de JP. Ya Gestión ha informado las preocupaciones de la actividad sobre propuestas de Sánchez que serían un golpe directo a la minería formal.

El nuevo plan de gobierno da algunas luces sobre sus “nuevas” intenciones en cuanto a la minería: “Garantizaremos la soberanía sobre los recursos naturales de la minería metálica y no metálica, convirtiendo al Estado peruano en promotor de la industrialización [...]”.

Es claro que solo las palabras cambiaron, pero el fondo es el mismo. En su ideario, se mencionaba: “Todos los recursos naturales que se extraen del subsuelo pertenecerán al Estado. Por lo tanto, todo aquel particular que lo explote deberá pagar por su extracción”.

También ahora se propone una reforma legislativa para dar incentivos de inversión y seguridad jurídica a los inversionistas industriales; y, se priorizaría los futuros otorgamientos de concesiones “a las empresas que acepten condiciones de transferencia tecnológica y compensación industrial”.

Se buscaría aprobar la Política Nacional para el fomento, promoción y formalización permanente de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, diferenciando a la minería ilegal de aquella en proceso de formalización.

Y, se plantea impulsar una Ley de fomento y promoción de la pequeña minería y minería artesanal: “[...] la ley debe favorecer los procedimientos de aprobación automática sujeta a fiscalización posterior antes que la evaluación previa; el otorgamiento en cesión de uso gratuito de los terrenos eriazos de libre disponibilidad para las operaciones mineras [...]”, entre otros.

Inicialmente, JP hablaba de, por ejemplo, formalización mediante el fomento de cooperativas y parques mineros; un Estado como comercializador del oro de la MAPE y gestor de plantas de beneficio en “parques mineros”; y reducir a 5 años el plazo de caducidad de las concesiones. Este último tema levantó las alarmas totalmente en el sector.

Un punto que se mantiene está vinculado a las sobreganancias. En el ideario se mencionaba: “Aplicaremos el pago de impuestos a las sobreganancias [...]”. Ahora, aunque no toma en cuenta esas mismas palabras, sí es claro: “[se] redireccionará el canon minero y se establecerá mecanismos de contribución en periodos de sobreganancias [...]”.

Durante una exposición en un evento organizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), Carlos Gallardo, su gerente general, analizó las propuestas de Fuerza Popular y Juntos por el Perú sobre la minería. Aunque el plan de Keiko Fujimori aún le genera algunas dudas, por sus promesas de plazos obligatorios de exploración y producción, así como la ausencia de una propuesta para el cierre definitivo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el de Roberto Sánchez todavía trae riesgos pese a los ajustes.

“El plan original de Juntos por el Perú era una catástrofe [...] Mirar el modelo boliviano e intentar copiarlo es un error. Hoy han eliminado [algunas propuestas] [...] Ahora vemos el plan, ha cambiado, ya no están con el modelo boliviano presente, pero inmediatamente, tras el debate presidencial, [Roberto Sánchez] habló del gran banco minero para comprar oro. Vuelven a la posición de que el Gobierno compre ese metal y haya el riesgo que sea ilegal”, subrayó Gallardo.

Además, recordó que el nuevo plan menciona la necesidad de impulsar un Censo Nacional Minero: “Si la propuesta es darle un uso para efectos estadísticos, y se mantiene en ese ámbito, bien. Pero, si tenemos que esperar al censo para ejecutar medidas vinculadas a la minera ilegal, vamos mal. Otro tema es que [un censo] no debería ser tomado como un otorgamiento de derechos automáticos”.

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Intención de nacionalizar duró 24 horas

Más allá de la dimensión económica, una propuesta dentro de la dimensión infraestructura y servicios básicos llamó la atención: la intención de nacionalizar Integratel, antes Telefónica.

En el ideario de Juntos por el Perú, Telefónica no figuraba. Sin embargo, en el plan preliminar del 31 de mayo todo cambió. En ese documento se menciona: “Telefónica del Perú ha incumplido sus obligaciones contractuales y regulatorias. Por ello, el Estado queda habilitado para revisar, renegociar o recuperar la concesión, conforme al interés público y al marco constitucional vigente”.

“En ese sentido, siendo esta una empresa de origen estatal en el país, y en aplicación del principio de soberanía económica y control público de los servicios esenciales, el Estado nacionalizará Telefónica del Perú (Integratel) y recuperará los activos estratégicos del sector telecomunicaciones [...]”, agrega.

Lo “curioso” es que en la versión final del nuevo plan, presentada solo un día después, esto fue eliminado. De hecho, ya no se hace ninguna mención a Integratel o a alguna intención de nacionalizar, en general.