
El Perú produce más de 24,000 toneladas de residuos cada día, pero solo el 2.1% entra al circuito del reciclaje aun cuando el potencial de valorización supera el 78%. Esta data del Ministerio del Ambiente (Minam) se usó como base durante el 4° Congreso Internacional de Reciclaje y Residuos.
Con ella se evidenció que la distancia entre lo que se genera y lo que se recupera es una oportunidad económica que está siendo desaprovechada en nuestro territorio. Al respecto, ¿qué peso tiene la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) en el escenario?

Trazabilidad como punto de partida
De acuerdo con el Minam, aquí el 3% de los recicladores son formales y existe una brecha de más de 180,000 recicladores informales. La REP, que es un régimen especial avalado en el Decreto Legislativo N° 1278 (Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos), se posiciona, por tanto, como una herramienta fundamental.
Así lo subrayó Javier Espinoza, docente de la Universidad de Santiago de Chile y gerente de medio ambiente y economía circular en Ecobio Recycle. Para él, esta directriz también adoptada en el país vecino ayuda a resolver el dilema de quién se hace responsable de los desechos: en lugar de cargar la responsabilidad únicamente al consumidor, quien, por ejemplo, no tiene la potestad de cambiar los envases, la REP traslada esta obligación a las empresas que colocan los productos envasados en el mercado. Es decir, los obliga, de alguna manera, a rediseñar sus empaques para que sean retornables o reutilizables.
Coincidió Fiorella Danjoy, directora regional de Recicla Latam, quien advirtió que la transición real a la economía circular y la implementación de la ley REP no se resuelven solo con directrices: “Dependen de construir y fortalecer la cadena física y humana en el territorio”, sostuvo durante el evento.
Es decir, implica tener la radiografía completa del proceso: ¿quién, dónde, cómo y cuándo se recuperó el material?, ¿de dónde vino, a quién se transfirió y dónde terminó convertido en un nuevo producto?
Planteó que el sistema debe operar sobre tres dimensiones conectadas: la ciudadanía, que separa la basura; los recicladores, que recuperan los residuos; y la industria, que contempla una circularidad efectiva de materiales.
“La trazabilidad real es el el primer eslabón”, remarcó. Contó a modo de imagen modelo que, a partir de 2027, Europa exigirá trazabilidad estricta para el porcentaje de material reciclado en las botellas de exportación. Si el país no valida la trazabilidad desde la base del reciclaje, se le cerrarán los mercados internacionales.
“Esto significa que, si el mercado latinoamericano no cae en cuenta de lo que de verdad es generar trazabilidad, salimos del mercado. Esto es enorme porque significa que la trazabilidad no es solo necesaria para cumplir una red local, la también empieza a convertirse en una condición de competitividad”, enfatizó.

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Recicladores con plenos derechos
Danjoy precisó que la formalización de los recicladores es una condición indispensable para transformar su labor en microempresas eficientes.
Aclaró, no obstante, que formalizar no es sinónimo de entregarles equipos de protección personal (EPP): significa formalizar sus transacciones con facturas, dotarlos de sistemas informáticos, permitirles gestionar rutas empadronadas y acortar la cadena de intermediación informal para asegurarles mejores precios y poder de negociación.
“Se trata de una condición habilitante. Cuando un reciclador o una asociación puede organizarse, va a gestionar una ruta. Gestionar una ruta significa estar empadronado ante un ministerio, significa mayores puntos para que este reciclador tenga una mayor ganancia. Significa que pueda registrar estos materiales de manera correcta y que esto, a su vez, genere una información y, en ese sentido, ir acortando esta cadena tan larga de intermediarios que manejamos”, indicó.
A su turno, Espinoza recordó que uno de los principios de la ley REP es la inclusión: integrar de manera formal a los recicladores al ecosistema y considerarlos como trabajadores con plenos derechos.
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La importancia de la regulación justa
Danjoy explicó que una norma (REP) puede exigir metas de recuperación, pero no crea ni la infraestructura ni el sistema de manera automática. Si la regulación avanza más rápido que la capacidad real de la cadena, el crecimiento será “desordenado e informal”, según calificó.
Sumado a ello, replicará problemas como el incumplimiento masivo que ya ocurre con la ley de bolsas plásticas en los mercados tradicionales, por ejemplo.
Espinoza también se refirió a esta arista y recalcó que las empresas peruanas no deben cometer el error de gestionar la REP mediante formatos manuales o precarios. Para asegurar una correcta aplicación, propuso profesionalizar la gestión ambiental recurriendo a ingenieros y a una plataforma tecnológica a la altura.
“Esto no es solamente entregar un software, entregar una plataforma y dejar que la empresa funcione por sí sola. La idea es que esté asesorada y cuente con una plataforma tecnológica que permita gestionar su residuo e irlo midiendo”, concluyó.








