La Contraloría General de la República informó que se acreditará un servicio de control de cumplimiento en el Terminal Portuario de Chancay este viernes 13 de febrero, tras detectar una serie de “incongruencias en el proyecto”.
En comentarios ante los medios, el contralor César Aguilar calificó la situación como “delicada” y señaló que la intervención busca esclarecer algunos puntos.
“Empezamos a revisar el tema del [puerto de] Chancay desde el inicio porque hay cosas que -creemos- no son congruentes. Desde el contrato, las adendas y también hay que considerar [el reciente fallo] vinculada a la acción de amparo a favor de Cosco Shipping”, comentó a la prensa.
El contralor César Aguilar calificó la situación como delicada y señaló que la intervención en Chancay busca esclarecer supuestas irregularidades que se identificaron. (Imagen: Andina)
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El titular de la Contraloría cuestionó la cantidad de adendas que se han incorporado al proyecto, afirmando que estos documentos deben funcionar como complementos y no como una sustitución de una “manifestación de voluntades”, pues ello requeriría un nuevo contrato.
Asimismo, señaló que el contrato original es bastante breve por lo que resulta injustificado el volumen de modificaciones que realizan.
Aguilar indicó que la investigación se centrará específicamente en cuatro puntos críticos detectados por la Contraloría, destacando la exclusividad otorgada a Cosco Shipping por parte de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), a pesar de que el puerto es una infraestructura de uso público.
El contralor también indicó que se ha observado que se otorgó la habilitación portuaria sin contar con los estudios técnicos requeridos y se sugiere un presunto beneficio indebido hacia el inversionista privado.
De acuerdo con lo señalado en la conferencia, la inversión podría haberse visto favorecida de manera irregular, con un beneficio estimado de alrededor de US$ 8 millones para la empresa involucrada.
Por otro lado, la Contraloría informó que también se realizarán servicios de control en otros puntos del país, como en Marcona (Ica), donde existen denuncias sobre una presunta privatización de recursos públicos. Esto se suma a otras intervenciones recientes en regiones como La Libertad, donde se detectaron irregularidades en seguridad ciudadana, educación y el funcionamiento de hospitales.
