Presupuesto contra minería ilegal es 10 veces menor que el destinado a otro sector ilícito

El funcionario participó en un seminario web, junto a representantes del Instituto Peruano de Economía (IPE), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), y Minera Poderosa para abordar esta materia. Aquí lo más destacado que señaló sobre los próximos pasos del Estado.

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Recursos escasos

Previo a la intervención de García, habló Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del IPE. El economista dejó claro cómo ha sido la asignación de recursos desde el Estado para atender los diversos campos en los que está involucrada la minería ilegal.

“El presupuesto específico para reducir la minería ilegal aumentó (entre 2025 y 2026), con una fuerte concentración en las acciones de erradicación, pero el de formalización se ha reducido. En 2025 fueron S/ 22 millones y este año son S/ 15 millones”, aseguró.

Este dato del IPE es relevante para entender lo que dijo García después. El funcionario de la PCM fue claro: la minería ilegal no solo es la principal economía ilegal que opera en Perú, sino que su ritmo de crecimiento es abismalmente superior al de los recursos que otorga el Estado para hacerle frente.

“Mueve mucho más dinero hoy que otras economías ilegales como el tráfico ilícito de drogas. Se estima que ahora mueve alrededor de 10 veces más (que el narcotráfico), pero el país lo ha venido combatiendo con casi 10 veces menos recursos”, dimensionó.

Específicamente, aclaró, se refiere al presupuesto disponible para interdicciones. Apuntó también que a ello se suman complicaciones territoriales, como las características climáticas y meteorológicas donde opera la minería ilegal que hacen más compleja la presencia del Estado.

Una de esa zonas críticas es Pataz, donde opera Minera Poderosa. García, como alto comisionado, está involucrado directamente en las labores del Comando Unificado Pataz (Cupaz), integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, que se creó para proteger la inversión minera formal en esta zona de La Libertad.

Sobre ello, Marcelo Santillana, gerente general de Minera Poderosa, que opera allí, señaló que la experiencia está dando frutos, aunque fue claro que no es suficiente.

“Hemos establecido con ellos 3 lugares de control donde están instituciones como la Sunat, Fiscalía y la Sucamec. Así se intervienen vehículos y se tiene trazabilidad de los volquetes que salen con el mineral. Pero aún se está ordenando todo. Sabemos que se necesita un periodo para que se consolide el modelo”, indicó.

Al respecto, el alto comisionado refirió que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) en “los próximos meses” debería tener listo el sistema interoperable para la trazabilidad y revisar así “lo que sale, pero también lo que entra” a las minas, como maquinaria, explosivos y más.

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¿Nueva estrategia en diseño?

En otro momento de su participación, García adelantó que el Poder Ejecutivo ya autorizó el primer paso para intentar recuperar zonas que ya han sido golpeadas por la minería ilegal.

“Ya se aprobó constituir el grupo de trabajo para recuperar el medio ambiente en zonas afectadas por esta economía ilegal, pero bajo dos condiciones: buscar desarrollo y usar economías alternativas”, comentó.

Sin dar mayor detalle, destacó el caso de lo que ocurre hoy ya en Amazonas, a la altura del río Santiago, donde opera el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú–Ecuador. Esta entidad se encarga desde 1998 de realizar esfuerzos para elevar el nivel de vida de las poblaciones aledañas.

Bajo ese ejemplo, el alto comisionado remarcó que se abren oportunidades para que la inversión privada colabore en este fin. “Ya tenemos instituciones comprometidas, puede que demore meses aprobar, implementar y conseguir el dinero, pero es importante tener ya la estrategia (para economías alternativas de recuperación de zonas afectadas por la minería ilegal”, destacó.

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Procesadoras en auge

Quien también estuvo en el seminario fue Julia Torreblanca, presidenta de la SNMPE. La ejecutiva reiteró algo que su gremio ha señalado antes también: el rol de las plantas de procesamiento de minerales en la identificación de la minería ilegal.

“Son cuellos de botella. Hay que lograr vincular lo que sale de allí tras recibir producto de mineros que no han logrado formalizarse. Es una gran oportunidad para todos”, sostuvo.

Según Torreblanca, un mejor control de lo que ocurre en las procesadoras permitiría reconocer a los mineros informales, apoyarlos y, al tributar, sumar recursos para que el Estado cierre brechas.

De acuerdo al IPE, el crecimiento de este eslabón en particular de la cadena de producción minera se ha disparado, al igual que el peso de la minería ilegal en la economía peruana, con el alza del precio de los metales.

“El número de empresas procesadoras crece al ritmo del precio del oro. En lo que va del 2026, en promedio, cada mes se registran 102 y 45 comercializadoras nuevas. Eso quiere decir que la expansión del negocio ilegal sostiene esa demanda”, explicó Fuentes del IPE.

SOBRE EL AUTOR

Alessandro Azurín

Periodista económico con más de 5 años de experiencia en el rubro. Conductor de "En Clave Económica" de Diario Gestión en YouTube. Licenciado en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cubro temas vinculados a proyectos de inversión público y privada en más de una modalidad y hago seguimiento a diversos sectores económicos.