El reciente cambio del presidente de Petroperú, por la Junta General de Accionistas (JGA) -conformada por los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y Energía y Minas (Minem)- causó sorpresa y preocupación en distintos actores del sector.
Tras la salida de Elba Rojas como cabeza de la petrolera a inicios de marzo, el 7 de este mes se designó a Edgar Zamalloa en su reemplazo. Casi 20 días después, se realizó un nuevo cambio: Roger Arévalo Ramírez se convirtió en el nuevo presidente de la empresa estatal.
Directorio de Petroperú al 26 de marzo del 2026. Fuente: SMV
Esta situación se dio solo días después que el presidente de la República, José María Balcázar anunciara, a través de la cuenta de X de Presidencia, que se evaluaría la continuidad del Decreto de Urgencia N° 010-2025, que dividía en bloques patrimoniales a la compañía del Estado. Y que, además, se empiece a escuchar la posibilidad de un nuevo rescate financiero para Petroperú.
En este contexto, Gestión consultó a fuentes cercanas a la petrolera sobre la situación actual. Al respecto, coincidieron en comentar que el presidente del Directorio de Petroperú se habría reunido con los gerentes de la empresa el último viernes 27 de marzo.
Esto porque les habría indicado que se va a impulsar la derogatoria de DU N° 010-2025.
Otro punto, agregaron las voces consultadas, es que se ha abierto con más claridad -y se habría manifestado también a los gerentes- la posibilidad de que ProInversión pueda salir del proceso para reflotar a Petroperú.
Este retroceso en la reestructuración de la empresa no solo ha generado preocupación en actores nacionales, sino también internacionales. El Fondo Monetario Internacional (FMI) subrayó que “las reformas en Petroperú deberían continuar para mejorar la gobernanza, reducir costos y asegurar su viabilidad financiera”. Esto se mencionó en la reciente Declaración final del personal técnico de la misión de consulta del Artículo IV correspondiente a 2026.
David Tuesta, exdirector independiente de Petroperú y presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC), ya había comentado a Gestión que de concretarse esta derogación se tendría una “pésima señal” por parte de este Gobierno peruano y con incidencia en la imagen del país.
“Este es el primer paso para que se regrese a como [la situación negativa] en la que estaba la empresa y se posterga una solución real a futuro”, indicó en su momento.
Petroperú aclara sobre sus competencias
Por su parte, la petrolera estatal indicó que, conforme a su marco legal y naturaleza jurídica, no tiene competencia para promover, impulsar o gestionar la derogatoria de normas emitidas por el Poder Ejecutivo, como es el caso del Decreto de Urgencia N.º 010-2025.
A través de un comunicado, precisó que dichas decisiones corresponden exclusivamente a las instancias del Estado en el ámbito de sus atribuciones.
En ese sentido, señalaron qué continúan desarrollando sus acciones en estricto cumplimiento de la normativa vigente, incluyendo lo dispuesto en el referido decreto de urgencia, en el marco de su proceso de reorganización y fortalecimiento institucional.
“Asimismo, Petroperú precisa que las versiones difundidas en algunos espacios respecto a una supuesta intención de la empresa de promover la derogatoria de dicha norma carecen de sustento. Este tipo de afirmaciones no corresponden con la actuación institucional de la empresa ni con el rol que le corresponde dentro del marco legal aplicable”, detalló.
Finalmente, subrayaron que su accionar está orientado a garantizar su sostenibilidad financiera, fortalecer su gestión y asegurar el cumplimiento de su rol estratégico en el abastecimiento de combustibles a nivel nacional.
