Visto de otra manera, no hay una mayoría representativa como tal, al menos para el próximo lustro. El conteo rápido de Datum Internacional mostró que, de las 26 regiones del Perú, Fujimori habría ganado en 10 zonas, mientras que Sánchez en 16.
Este panorama refleja un rechazo no menor contra la figura del Estado y su capacidad de estar presente brindado acceso a servicios básicos relacionados a infraestructura de saneamiento, electrificación, educación, salud, entre otros.
LEA TAMBIÉN: MEF dice que “se irán” 120,000 proyectos de inversión pública: la estrategia
“Definitivamente tiene que ver esta segmentación con el pedido de obras públicas de calidad que se traducen en servicios públicos. Esto es el resultado de una descentralización fallida y atomización del gasto público sin prioridades”, apuntó Paola Lazarte, exministra de Transportes y Comunicaciones.
En este contexto de cambio de Gobierno, Gestión revisó las cifras alrededor del presupuesto público con el que cuentan, no solo el Central (Ejecutivo), sino también los subnacionales: gobiernos regionales y municipales, y su capacidad para gastar.
Esto es administrar eficientemente los millones de soles que se les asignan cada año, traduciéndolos en el desarrollo de obras públicas, con alto impacto en la calidad de vida de los peruanos.
Presupuesto millonario sin impacto
El presupuesto público general ha registrado aumentos cada año, pero no en las mismas dimensiones entre los tres niveles de gobierno. El Central, por ejemplo, tuvo un incremento de 2.73% en el asignado para este año respecto al 2019, período prepandemia, y de casi 20% frente al 2021.
Sin embargo, los gobiernos regionales tuvieron un aumento estratosférico en el mismo período de análisis. Para este año, se les asignó S/ 15,760.93 millones, un 48.17% más que en 2019, equivalentes a S/ 5,124 millones adicionales; o un 57.31% más que en el 2021, una diferencia adicional de casi S/ 5,800 millones.
Contar con un amplio presupuesto, no obstante, no es la panacea a la gran brecha de infraestructura que hay en el Perú y demandan su cierre justificadamente millones. El reto “bisagra” está en la capacidad de gasto de las autoridades.
En este caso, las que encabezan los gobiernos regionales registraron que, entre el 2019 y 2025, su capacidad promedio de gasto de este presupuesto fue de 73%. Esto quiere decir, que de cada S/ 100 que se les entregó, no gastaron S/ 27. Aunque el año pasado el avance fue de casi 94%, en 2022 marcaron apenas un 66% de ejecución.
El panorama subnacional se torna más adverso a nivel de municipalidades. Esto se debe a que mantuvo un incremento de presupuesto similar al del Central (creció alrededor de 20% entre 2026 frente al 2019), pero su capacidad para gastar estos recursos y traducirlos en obras es la más baja de todas.
De hecho, con más de 1,800 municipios en todo el país, este nivel de gobierno recibe cada año la mayor parte de los recursos destinados para el desarrollo de obras públicas.
Para este año, se les asignó S/ 24,651.22 millones, un incremento de 22% frente al 2019, que se traduce en casi S/ S/ 4,500 millones. Pero de todos estos recursos disponibles, solo logran ejecutar alrededor del 62%, según su promedio entre 2025 y 2019.
Tareas para el próximo Gobierno
Ante este escenario, Lazarte mencionó que hay evidencia de que se tuvo la voluntad, desde el Ejecutivo, de realizar centenas de obras públicas, pero el problema está en autoridades, principalmente subnacionales, que no responden como deben a estas demandas.
“Cuando se falla en el desarrollo de una obra pública, el que deja de recibir no identifica al responsable y lo adjudica a la figura abstracta de un Estado, notándose en resultados electorales como este. Pero todos los actores debemos entender que los problemas en los servicios públicos no son solo del central”, indicó.
Para Lazarte, el proceso de descentralización se ha caracterizado más por la expansión de la corrupción que por su impacto positivo en la población. A esto se suma que, mayormente en municipios, no cuentan con las capacidades para el desarrollo de obras.
“Se asignan millones para expedientes técnicos que nunca terminan en obras. Además, en los municipios mayormente se tiene como problema que los sueldos no son lo suficiente para atraer el talento que se requiere”, subrayó.
LEA TAMBIÉN: ¿Cómo destrabar la inversión pública? Así funcionó la asistencia en 3 regiones del Perú
La exministra también apuntó hacia la atomización del presupuesto como un problema por resolver para la próxima administración gubernamental.
En esta línea, añadió que la reforma debe ir por la asignación de los recursos y el desarrollo de capacidades, que evidentemente no están funcionando. “Se requiere una refundación del sistema de infraestructura, en general”, comentó.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
