En los últimos años ha ganado fuerza en el Perú la narrativa de que la minería artesanal y de pequeña escala informal (MAPE) genera mayor beneficio local que la gran minería, al supuestamente “dejar los recursos en la zona” y proveer empleo inmediato.
Esta percepción ha influido en debates territoriales, decisiones políticas y conflictos sociales. Sin embargo, la ausencia de evidencia sistemática ha permitido que el diagnóstico se mantenga más por intuición que por datos.
Videnza Instituto realizó un estudio econométrico para los 1,891 distritos del país con el objetivo de analizar el efecto de la minería en el desarrollo territorial según el nivel de formalidad o informalidad de esta actividad en cada distrito.
Para cumplir con el objetivo se desarrolló una clasificación distrital basada en cuatro puntos: el área concesionada y tipo de titular (MAPE o mediana/gran minería); presencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) vigentes, excluidos y en concesiones extintas; canon minero devengado; y producción declarada al Ministerio de Energía y Minas (Minem).
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Usando estas variables, la clasificación final agrupa los distritos en cinco categorías:
- No minero: 991 distritos
- Minería formal: 85 distritos
- Predominio formal: 214 distritos
- Coexistencia: 380 distritos
- Predominio informal: 221 distritos
Por ejemplo, un distrito clasificado como de coexistencia es aquel donde confluyen, dentro del mismo territorio, actividades mineras formales e informales en proporciones relevantes, sin que ninguna predomine claramente.
Estos distritos presentan alta presencia del Reinfo, pero también concesiones formalizadas; actividad minera activa, pero heterogénea en niveles de cumplimiento ambiental, laboral y tributario; y competencia por recursos, conflictos por superposición, y espacios donde el Estado regula parcialmente pero no logra controlar la informalidad.
Videnza Instituto realizó un estudio econométrico para los 1,891 distritos del país con el objetivo de analizar el efecto de la minería en el desarrollo territorial. Foto: IIMP
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Resultados a nivel nacional: ¿desarrollo humano deteriorado?
El análisis distrital revela que la expansión reciente de la minería informal ha modificado la trayectoria del desarrollo local en el país.
Mientras que en el 2019 los patrones de desarrollo humano, medidos mediante el Índice de Desarrollo Humano (IDH), estimado por el PNUD, no mostraban diferencias sustantivas entre distritos formales, informales o de coexistencia, la situación cambió en el 2024, período en el que la actividad no formal se intensificó tras la pandemia, cuando se relajó el control estatal.
Los resultados del estudio muestran que los distritos donde la informalidad minera ha ganado espacio –en particular, aquellos donde coexisten operaciones formales e informales– presentan hoy en promedio niveles de IDH inferiores a los registrados en distritos sin actividad minera o con predominio formal.
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Con una mirada general, en el 2019 los distritos mineros con predominio formal y no mineros tenían 52.15 y 52.95 puntos en el IDH (medición entre 0-100), respectivamente, mientras que aquellos con predominio informal y coexistencia alcanzaban los 51.57 y 50.98 puntos. En el 2024, el nivel de mejora es dispar. Mientras los dos primeros aumentaron 2.36% y 1.65%, respectivamente, los segundos han evolucionado más lento, dejando rezagados a estas zonas.
Esta brecha no solo es estadísticamente significativa, sino que también se amplía en departamentos con mayor presencia de minería ilegal, donde se registran incluso caídas acumuladas del IDH en el quinquenio analizado.
Índice de desarrollo humano y minería. Fuente: Videnza Instituto
Las regresiones econométricas confirman este deterioro. En el 2024, los distritos clasificados como de coexistencia muestran un IDH menor que los distritos no mineros, aun después de controlar por condiciones históricas de desarrollo, altitud y variables socioeconómicas. El comportamiento contrasta con el 2019, cuando la informalidad no tenía un peso tan marcado y la coexistencia no representaba una desventaja.
Además, la situación se agrava en los distritos que no registran producción minera declarada ante el Minem, pero sí concentran Reinfo, un patrón que se puede identificar como indicio de minería ilegal. Estos territorios presentan niveles de desarrollo más bajos, lo que sugiere que la expansión de actividades al margen de la regulación no solo no impulsa el bienestar, sino que puede frenarlo.
En consecuencia, la idea de que la minería informal constituye un motor de desarrollo territorial no encuentra sustento empírico; por el contrario, los datos muestran indicios de efectos regresivos en aquellas zonas donde su presencia se ha intensificado.
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Experiencia internacional: instituciones débiles
Investigaciones recientes muestran que la minería en pequeña escala tiende a expandirse en territorios donde las instituciones son débiles y donde los marcos legales no ofrecen rutas de formalización realistas.
Tal es el caso descrito por Tingini y Eniowo (2025), quienes explican que la persistencia de la informalidad se sostiene en marcos regulatorios inadecuados, altos costos administrativos y una capacidad estatal insuficiente para supervisar y regular operaciones dispersas
Esta debilidad institucional crea un espacio donde las actividades informales se convierten en la regla y no en la excepción, generando circuitos económicos de baja productividad y altos costos sociales.
Por su parte, Hilson y Maconachie (2017) destacan que la minería de pequeña escala informal no solo opera al margen del Estado, sino que desarrolla una dinámica propia que frecuentemente trae consigo degradación ambiental, informalidad laboral y un aprovechamiento desigual de los beneficios económicos.
Esta debilidad institucional crea un espacio donde las actividades informales se convierten en la regla y no en la excepción. FOTO: SEBASTIAN CASTAÑEDA, GEC
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Minería informal no es un sustituto eficaz de la actividad formal
La evidencia comparada también coincide en que la informalidad minera tiende a desplazar la inversión pública efectiva. Al saturar la capacidad estatal con conflictos socioambientales, problemas de seguridad y deterioro de infraestructura, los gobiernos regionales pierden margen operativo para financiar bienes públicos esenciales.
La literatura señala que este tipo de extractivismo desregulado produce “territorios de baja gobernabilidad”, donde las políticas públicas pierden eficacia y la presencia del Estado se fragmenta en favor de arreglos informales que perpetúan desigualdades.
En conjunto, estas investigaciones respaldan la conclusión central del estudio nacional: la minería informal no actúa como un sustituto eficaz de la minería formal ni constituye, por sí sola, una vía para dinamizar el desarrollo local.
