El Perú inició el 2026 con mayor número de obras detenidas. Según datos preliminares de la Contraloría General de la República presentados a la prensa, hasta enero existen un total de 2,741 obras paralizadas a nivel nacional.
Si bien se estimó que enero se logró el destrabe de alrededor de 740 obras detenidas, la cantidad de proyectos en pausa superó el total observado en el 2025.
De hecho, ahora hay 325 proyectos detenidos más que lo visto el año pasado. Solo al cierre del 2025, el organismo calculó que habían 2,416 obras públicas paralizadas en todo el país, correspondientes a los tres niveles de gobierno, por un monto de inversión superior a los S/ 67,139 millones.
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De acuerdo con la Contraloría, una de las principales causas de la paralización es la falta de capacidad técnica de los funcionarios en la gestión de las inversiones públicas.
Ante esto, se estima que alrededor del 20% de las obras del Gobierno nacional se encuentran paralizadas, mientras que en el ámbito regional la cifra bordea el 15%.
La región que concentran el mayor número de obras paralizadas es Cusco, con 382 proyectos detenidos, seguida de Puno con 277 y Áncash con unos 200. Completan el “ranking”, Ayacucho y Cajamarca con más de 100 obras en pausa
Asimismo, se indicó que, entre las regiones con mayor presupuesto, Lima, Arequipa, La Libertad y Piura presentan también altos niveles de obras paralizadas.
La región que concentran el mayor número de obras paralizadas es Cusco, seguida de Puno y Áncash. Foto: gob.pe
Menos personal
En paralelo, la Contraloría también alertó sobre una reducción significativa de personal en la institución.
Según explicó el contralor César Aguilar, este año se podría perder alrededor de 1,900 trabajadores en los meses de marzo, junio y noviembre debido a las limitaciones del tipo de contratación vigente, que solo permite contratos a plazo definido con una duración máxima de tres años, lo que dificulta la retención del personal.
Asimismo, señaló que la entidad enfrenta una falta de presupuesto que limita su capacidad de acción, especialmente de cara al proceso electoral.
“Hemos informado que necesitamos recursos para auditar las elecciones. Si eso (la falta de personal) ocurre en Lima, piensen que puede ocurrir en regiones”, dijo el contralor.
En ese sentido, recordó que, durante las elecciones, la Contraloría se encarga del adecuado control del gasto de los recursos públicos, lo que incluye la supervisión en etapas clave como la habilitación de oficinas descentralizadas y la franja electoral, con el objetivo de asegurar que los fondos del Estado sean utilizados de manera correcta.
