El Grupo Gloria ha sido mencionado en las investigaciones que se siguen en España contra el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. La pesquisa busca determinar si el exmandatario realizó gestiones ante autoridades bolivianas que habrían favorecido a intereses vinculados al conglomerado peruano en ese país. ¿Qué relación ha tenido el conglomerado peruano con el exmandatario?
De acuerdo con un informe de la Policía española, las presuntas gestiones estarían relacionadas con los litigios que enfrenta la Sociedad Boliviana de Cementos (SOBOCE), subsidiaria de Grupo Gloria, en procesos judiciales contra la estatal Fábrica Nacional de Cemento (FANCESA). Los casos están vinculados a disputas por competencia desleal y obligaciones económicas.
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El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, es mencionado en un informe policial que analiza presuntas gestiones vinculadas a intereses empresariales en Bolivia. Foto: Andina.
¿Qué halló la Policía española?
Según el documento policial, entre 2024 y 2025, Rodríguez Zapatero habría recibido 200,000 euros a través de transferencias realizadas por la empresa peruana Focus Social Research, que, según la investigación, habría actuado como intermediaria.
Las pesquisas señalan que dichos pagos corresponderían formalmente a un contrato de asesoría. Sin embargo, los investigadores sostienen que la documentación analizada apunta a que los servicios prestados no estarían vinculados directamente con la empresa que realizó los desembolsos, sino con intereses relacionados con el Grupo Gloria.
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El informe también recoge comunicaciones y coordinaciones para reuniones con altas autoridades de Bolivia, entre ellas el presidente Luis Arce, así como ministros de Economía y Justicia y el Procurador General del Estado.
De acuerdo con la investigación, estas gestiones habrían buscado influir en decisiones vinculadas a los procesos judiciales que involucran a SOBOCE, incluyendo controversias relacionadas con el pago de más de US$ 100 millones ordenado en distintas instancias judiciales.
Asimismo, la Policía española documenta un viaje realizado por Zapatero a Bolivia en septiembre de 2024, durante el cual habría sostenido reuniones de alto nivel mientras avanzaban las negociaciones relacionadas con los casos de la empresa cementera.
El informe concluye que existirían indicios de una presunta dinámica de intermediación orientada a favorecer los intereses de Grupo Gloria, mediante contratos de asesoría que habrían servido como mecanismo para justificar los pagos investigados. No obstante, las conclusiones forman parte de una investigación en curso y deberán ser evaluadas por las autoridades competentes.
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Según la investigación, se habrían registrado coordinaciones y reuniones con autoridades bolivianas de alto nivel, entre ellas el presidente Luis Arce y representantes del área económica y judicial. Foto: Andina.
El litigio entre SOBOCE y FANCESA
Las presuntas gestiones atribuidas al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero estarían vinculadas a uno de los litigios empresariales más importantes de los últimos años en Bolivia: la disputa entre la Sociedad Boliviana de Cementos (SOBOCE), controlada por el Grupo Gloria, y la estatal Fábrica Nacional de Cemento (FANCESA).
El conflicto se remonta a 2010, cuando FANCESA presentó una demanda por competencia desleal contra SOBOCE. Según la posición de la cementera estatal y de la Procuraduría boliviana, la empresa privada habría utilizado acciones de FANCESA como garantía para obtener un crédito de aproximadamente 35 millones de bolivianos, recursos que habrían sido destinados a financiar inversiones en su planta de Viacha.
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Tras varios años de litigios y recursos judiciales, el caso recorrió distintas instancias hasta que el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ratificó en 2025 una condena económica contra SOBOCE, ordenando el pago de más de 744 millones de bolivianos (más de US$ 100 millones) a favor de FANCESA.
Uno de los aspectos más controvertidos del proceso ha sido la metodología utilizada para calcular la indemnización. La sentencia incorporó el concepto de “daño al proyecto de vida”, una figura jurídica que tradicionalmente se aplica a personas naturales.
SOBOCE ha cuestionado este criterio y sostiene que su aplicación a una empresa resulta improcedente. Además, ha advertido que el monto de la condena podría afectar su estabilidad financiera y generar impactos sobre trabajadores, proveedores y familias vinculadas a sus operaciones.
La ejecución del pago quedó suspendida
Pese a la ratificación de la condena, el proceso no ha concluido. En mayo de 2025, una Sala Constitucional de La Paz admitió un recurso de amparo presentado por SOBOCE y dispuso la suspensión de la ejecución del pago mientras se desarrolla la revisión constitucional del caso.
Con esta decisión, la obligación económica no fue anulada, pero su cobro quedó temporalmente paralizado hasta que se resuelvan los cuestionamientos planteados por la empresa.
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