
La reciente aprobación de 11 leyes y autógrafas en las últimas tres sesiones del pleno del Congreso implica una millonaria suma que compromete la sostenibilidad fiscal del país, advirtió el Consejo Fiscal (CF) a través de un comunicado.
Según estimaciones de la Dirección de Estudios Macrofiscales del CF, tan solo siete de estas normas representan un costo anual permanente de al menos S/ 11,400 millones para el Estado.
Para el organismo, está situación resulta crítica pues el Poder Ejecutivo no viene observado estas iniciativas ni ha mostrado interés en presentar acciones ante el Tribunal Constitucional (TC) para proteger las finanzas públicas.
Dentro de las medidas con mayores impactos económicos destaca la nivelación de las pensiones de maestros jubilados con la remuneración de los docentes en actividad, lo cual demandaría por lo menos S/ 8,000 millones anuales. También preocupa al CF la modificación del régimen de pensiones para militares y policías tendría un costo total estimado en cerca de S/ 15,000 millones.
Otra norma con alto costo es la que otorga mayores beneficios laborales, como CTS y aguinaldos, a los trabajadores bajo el régimen CAS. Esto terminaría costando aproximadamente S/ 3,000 millones al año.
De acuerdo con el CF, las normas sobre pensiones reabrirían mecanismos de “cédula viva”, lo cual genera un efecto espejo entre los ingresos de jubilados y personal activo que está expresamente prohibido por la Constitución.

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El costo de S/ 11,400 millones no incluye las otras medidas aprobadas entre agosto y diciembre de 2025 que no habrían sido incorporadas en el presupuesto del 2026, y que sumadas a otras medidas en proceso de aprobación podrían elevar esta cifra hasta S/ 15 mil millones anuales.
“Dada su entrada en vigencia con el año ya en curso, la implementación de estas normas podría incrementar el gasto público en por lo menos S/ 6,5 mil millones, trasladando el impacto fiscal remanente al 2027”, alertaron.
El organismo también señaló que tanto el Congreso como el Ejecutivo están incumpliendo la normativa vigente que prohíbe aumentar el gasto en personal y pensiones durante los primeros meses de un año de elecciones generales.
“Estas decisiones del Congreso de la República forman parte de una dinámica recurrente de creación de gastos permanentes, nuevas obligaciones fiscales y sacrificio de ingresos públicos sin considerar criterios de responsabilidad fiscal. Ello consolida una trayectoria de deterioro fiscal que será cada vez más difícil de revertir, dada la magnitud y el carácter permanente de la mayoría de las medidas introducidas”, indicaron.
Las presiones de gasto anual generadas por estas normas representan un costo elevado para el fisco, que sobrepasa el presupuesto destinado a programas prioritarios para la población. El gasto anual de S/ 11,400 millones equivale a 8.6 veces el presupuesto destinado al programa Pensión 65 o a 1.7 veces todo lo que se invierte en la construcción de infraestructura educativa a nivel nacional.
Asimismo, este mayor gasto permanente se sumaría a desvíos fiscales ya existentes y complicaría retomar el cumplimiento de las reglas fiscales que vienen siendo afectadas desde 2023. En ausencia de medidas compensatorias mediante la reducción de otros gastos, las normas terminarían generando nuevo incumplimiento de las reglas fiscales en 2026, lo cual comprometería aún más el espacio fiscal para el siguiente gobierno.
Además, estas decisiones no solo generan mayores presiones sobre las finanzas públicas, sino que también afectan la credibilidad de la política fiscal y su sostenibilidad, con lo que se deteriora la fortaleza fiscal que viene sosteniendo la estabilidad macroeconómica del país durante las últimas décadas.









