El Congreso de la República aprobó en marzo último otorgar una bonificación especial para los trabajadores administrativos del sector Educación que estén bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276. Ello se da con el fin de -resalta el texto- reconocer lo dispuesto en una resolución ministerial de los años 90 (N° 1445-90-ED).
El cálculo es el 30% de la remuneración total para los grupos ocupacionales auxiliar y técnico, y el 35% de la remuneración total para el grupo ocupacional profesional.
Frente a ello, hace solo unos días, el Gobierno de José María Balcázar acaba de observar la ley.
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Las normas invocadas “no cuadran”
Uno de los temas cuestionados recae a nivel de la normativa. Según explica el Poder Ejecutivo, la mencionada RM N° 1445-90-ED no autorizó al Ministerio de Educación (Minedu) a aprobar ninguna bonificación, sino que, con base en el Decreto Legislativo N° 608, se facultó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a otorgar recursos al Minedu para que cumpla con el Decreto Legislativo N° 069-90-EF, referido al incremento de la remuneración principal de los funcionarios y servidores públicos.
De hecho, fue en realidad un Decreto Supremo (N° 051-91-PCM) que sí dispuso una bonificación especial en los 90, pero este fue derogado años más tarde. Con ello, dicha bonificación no fue retirada, sino que quedó consolidada como parte del Monto Único Consolidado (MUC) que reciben hoy los trabajadores.
Es más, en el 2019 se precisó, con un decreto de urgencia (N° 038-2019), que el ingreso del personal de la carrera administrativa se compone de ingresos de carácter remunerativo (MUC) y no remunerativos (beneficio extraordinario transitorio - BET, incentivo único - CAFAE, ingresos por condiciones especiales, e ingresos por situaciones específicas).
En el 2019 se precisó, con un decreto de urgencia (N° 038-2019), que el ingreso del personal de la carrera administrativa se compone de ingresos de carácter remunerativo y no remunerativos. Foto: Andina.
Los costos de aprobar la bonificación
El Poder Ejecutivo, en su observación, también hace el ejercicio de calcular el costo de la autógrafa si no se tomara en cuenta lo explicado anteriormente y avanzara.
“[...] a efectos de determinar el costo que implicaría la aprobación de la medida -en los términos propuestos- se ha planteado el escenario en el que se toma como base la suma de todos los conceptos de ingresos que perciben los servidores (MUC, BET, CAFAE, entre otros) aplicando los porcentajes establecidos, 35% para el grupo ocupacional funcionarios y profesionales y 30% para el grupo ocupacional técnicos y auxiliares, cuyo costo total anual ascendería a S/ 146,100,384.05″, refiere el Gobierno.
A esto se suma que, con la bonificación, se crearía una brecha entre los ingresos de personal bajo el mismo régimen, pero en otros sectores. “[...] podrían demandar el otorgamiento de la referida bonificación en atención a un trato igualitario, generando que el costo de la medida se incremente a S/ 309 millones, a fin de atender a 24,507 servidores”, alerta la observación.
